Tribunal Supremo permite demanda contra Iglesia católica por abusos sexuales

Redacción SDP/EFE | 29 de Octubre, 2010.

El Tribunal Supremo de Canadá dijo hoy que una ciudadana canadiense puede demandar a la Iglesia católica por los abusos sexuales que sufrió por un sacerdote en la década de los setenta cuando la víctima tenía ocho años.

Toronto (Canadá), 29 oct (EFE).- El Tribunal Supremo de Canadá dijo hoy que una ciudadana canadiense puede demandar a la Iglesia católica por los abusos sexuales que sufrió por un sacerdote en la década de los setenta cuando la víctima tenía ocho años.
Por siete votos a favor y ninguno en contra, el Tribunal Supremo canadiense dijo que los tribunales de Québec tienen que volver a evaluar la demanda de Shirley Christensen, de 36 años de edad, contra el arzobispado de Québec y el sacerdote Paul-Henry Lachance.
Christensen presentó una demanda contra ambos en 2007 por valor de 242.000 dólares al cambio de hoy por los abusos sexuales que sufrió a finales de la década de los años setenta.
Pero el arzobispado de Québec se defendió señalando que Christensen debería haber presentado la demanda antes, opinión que fue compartida por los tribunales de la provincia que rechazaron la querella por haber expirado el estatuto de limitaciones.
En la demanda, Christensen señaló que sólo se percató en 2006 de que los problemas psicológicos que sufría estaban vinculados con las 40 violaciones cometidas por Lachance en el transcurso de dos años.
La familia de Christensen denunció los abusos a la diócesis de Québec hace casi 30 años pero la institución religiosa convenció a sus padres de que no acudiesen a la Policía y retiraron a Lachance de su parroquia.
Cuando en 2006 Christensen denunció lo sucedido, la Policía arrestó a Lachance, quien en 2009 se declaró culpable de asalto sexual y fue condenado a 18 meses de prisión, pero los tribunales no aceptaron su demanda civil contra el clérigo y el arzobispado al considerar que había esperado demasiado.
El código civil de Québec estipula que las víctimas sólo tienen tres años para presentar demandas desde el momento en que el delito es cometido. EFE

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