1.- Porque permitiría que empresas extranjeras lleven a cabo actividades de exploración, explotación, refinación de petróleo y petroquímica básica, lo que viola el artículo 27 Constitucional.
2.- Porque compromete a PEMEX a someterse a tribunales internacionales ante cualquier celebración de contratos, y esto blindaría a las empresas privadas en caso de que el gobierno ya no quisiera mantener la asociación.
3.- Porque permitiría que la iniciativa privada construya, opere y sean propietarios de ductos, instalaciones y equipos.
4.- Los contratos “del buen desempeño” permiten compartir la renta petrolera con las empresas extranjeras, ya que no se les establece una remuneración fija, sino un pago al final, determinado por las ganancias obtenidas.
5.- Porque establece las licitaciones confidenciales, con información reservada sobre los términos en los que se adjudicarán obras y servicios.
6.- Porque PEMEX podría otorgar contratos por adjudicación directa en cualquier rubro, sin licitación de por medio.
7.- La transparencia de contratos no se hace obligatoria, sino optativa.
8.- Porque los Contratos de Servicios Ampliados permiten a contratistas y compañías privadas cambiar el precio final y contenido del contrato.
9.- Porque los bonos podrían ser adquiridos por Afores, Bancos y Sociedades de Inversión, así como por intermediarios financieros, lo que daría pie a la especulación y cobro de altas comisiones.
10.- Porque la “autonomía” de PEMEX es mentira, ya que 10 de los 15 integrantes del consejo de administración serían nombrados desde “Los Pinos”, uno más sería el Srio. de Energía en turno y los 4 restantes, designados por el Sindicato Petrolero.
11.- Porque propone 4 consejeros “profesionales” que se integrarán al Consejo de Admón. de PEMEX, que serían designados por el Presidente de la República y 2 de ellos “trabajarán tiempo completo” y 2 “tiempo parcial” y estos últimos podrían representar los intereses de empresas privadas nacionales y extranjeras.
12.- Porque busca evitar que PEMEX sea auditada por La Auditoria Superior de la Federación, o por el Congreso, bajo el pretexto de la ”autonomía”.
