Los Diputados Gerardo Fernández Noroña y Mario Di Constanzo por el PT, critican a los diputados del PRI y del PAN sobre su postura con el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2010.
Fernandez Noroña Acusa Al PRI y PAN De "Detener El Tiempo" Y Burlarse De Los Mexicanos.
http://www.youtube.com/watch?v=ikftrxgN-38
Mario Di Constanzo: PRI y PAN Se Han Repartido El Botín
http://www.youtube.com/watch?v=rNCTsjvEFjQ
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jueves, 19 de noviembre de 2009
miércoles, 30 de abril de 2008
Nuevo spot engañoso respecto a la reforma energética
(por EL BOTE)
Engañoso como explica MARIO DI CONSTANZO en ésta nota de la jornada, en la que se revela:
Dijo que el panista en realidad trata de engañar a los mexicanos, porque “esto no tiene nada de ciudadano. En dos cosas está mintiendo: la primera, al hacer parecer que es una manera de que los ciudadanos sean dueños del petróleo, cuando la iniciativa establece claramente que los tenedores de uso de estos bonos no tendrán ningún derecho patrimonial ni sobre el petróleo ni sobre Pemex”. En realidad, los instrumentos, afirmó, tendrán un valor de ahorro y darán rendimientos muy parecidos a los de los Certificados de la Tesorería, pero sí “les representarían comisiones a los bancos, a la BMV y a quienes los vendan, que pueden ser las mismas Afores o los fondos de inversión”.
Y si se revisa la iniciativa en la parte de bonos ciudadanos, indicó, se establece que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que mediante disposiciones de carácter general establezca montos, plazos y rendimientos de los mismos. Así que los bancos dicen: ‘vamos a apoyar esto sigilosamente, sin hacer ruido, y luego veremos cómo lo implementamos’, ¿con quién? Con Hacienda. “Esto refleja que existe un acuerdo previo entre los banqueros y el gobierno para que la colocación de los bonos al final no tenga nada de ciudadano”.
Como pueden ver, el Sr. Calderon y el Sr. Reyes Heroles, sigue pensando que los Mexicanos siguen chupándose el dedo con sus spots publicitarios, NO ENTIENDEN LOS PANISTAS NECIOS.
Engañoso como explica MARIO DI CONSTANZO en ésta nota de la jornada, en la que se revela:
Dijo que el panista en realidad trata de engañar a los mexicanos, porque “esto no tiene nada de ciudadano. En dos cosas está mintiendo: la primera, al hacer parecer que es una manera de que los ciudadanos sean dueños del petróleo, cuando la iniciativa establece claramente que los tenedores de uso de estos bonos no tendrán ningún derecho patrimonial ni sobre el petróleo ni sobre Pemex”. En realidad, los instrumentos, afirmó, tendrán un valor de ahorro y darán rendimientos muy parecidos a los de los Certificados de la Tesorería, pero sí “les representarían comisiones a los bancos, a la BMV y a quienes los vendan, que pueden ser las mismas Afores o los fondos de inversión”.
Y si se revisa la iniciativa en la parte de bonos ciudadanos, indicó, se establece que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que mediante disposiciones de carácter general establezca montos, plazos y rendimientos de los mismos. Así que los bancos dicen: ‘vamos a apoyar esto sigilosamente, sin hacer ruido, y luego veremos cómo lo implementamos’, ¿con quién? Con Hacienda. “Esto refleja que existe un acuerdo previo entre los banqueros y el gobierno para que la colocación de los bonos al final no tenga nada de ciudadano”.
Como pueden ver, el Sr. Calderon y el Sr. Reyes Heroles, sigue pensando que los Mexicanos siguen chupándose el dedo con sus spots publicitarios, NO ENTIENDEN LOS PANISTAS NECIOS.
lunes, 11 de febrero de 2008
La misma gata, pero revolcada: abrir o privatizar Pemex
Mario Di Costanzo*
La renta petrolera se define como la diferencia que existe entre el precio de venta del petróleo y su costo de extracción: si en promedio extraer un barril de petróleo en nuestro país tiene un costo de cuatro a ocho dólares y en los mercados internacionales se vende en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
Luego entonces, esta renta petrolera es la que hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una de las principales fuentes de ingreso para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero nacional.
A lo anterior hay que agregar que en virtud de que el petróleo es un recurso natural no renovable, en la medida en que no se invierta esa misma renta petrolera en el sector energético le seguiremos robando a las futuras generaciones de mexicanos esa riqueza.
Por ello, a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la “reforma energética” que se presentará no buscará la privatización de Petróleos Mexicanos, el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo implicaría la “transferencia o cesión” de buena parte de la renta petrolera, que es de todos los mexicanos, a compañías privadas nacionales o extranjeras.
Más aún si el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
Y para corroborar lo anterior, sólo basta señalar lo siguiente:
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007 la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos (73 mil 927 millones de dólares) y un costo de ventas más gastos generales de 375 mil 339 millones de pesos (34 mil 336 millones de dólares); es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos.
Sin embargo, el mismo informe señala que al 30 de septiembre la paraestatal entregó o pagó al fisco (entre impuestos, derechos y aprovechamientos) 457 mil 341 millones de pesos; es decir, tuvo que entregar “la totalidad de la renta petrolera” más 25 mil millones de pesos aproximadamente.
Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que pudieran entrar al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna compañía del mundo aceptaría o sería rentable con esa carga fiscal.
De hecho, la inversión o empresas del sector privado que pudieran entrar al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal carga fiscal, por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida que la que actualmente enfrenta Pemex, lo que les permitiría adueñarse de la renta petrolera.
Cabe señalar que por lo menos sin la apertura se está garantizando que dicha renta petrolera tenga como destino “las arcas nacionales”, pero con la apertura a la inversión privada –aunque esto no implique de fondo una privatización total– se estaría cediendo una buena parte de esa renta petrolera a empresas privadas, que la utilizarían para construir más infraestructura petrolera, lo que les permitiría cada vez más adueñarse de una porción mayor de la renta petrolera nacional.
Por ello, si bien es cierto que aun cuando en el discurso de Calderón y de los legisladores del PRI y del PAN se niega que la “reforma energética” busque la “privatización del petróleo”, la poca o nula inversión gubernamental en Pemex combinada con una apertura al capital privado permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo.
De hecho, esto es lo que ha venido sucediendo, sólo que esta inversión privada se ha dado a través del esquema conocido como Pidiregas, lo que ha evitado –al menos parcialmente– que la renta petrolera nacional se haya privatizado, ya que si revisamos qué ha sucedido durante los últimos 25 años nos damos cuenta de que la inversión pública en Pemex pasó de casi 18 mil millones de dólares en 1981 a sólo 1.6 mil millones de dólares en 2007, mientras la inversión privada a través de Pidiregas pasó de 2 mil millones de dólares en 1998 a 11 mil 440 millones en 2007, lo que significó un crecimiento de 484 por ciento.
Por ello, el verdadero fondo de la discusión es y deber ser quién o quiénes van a controlar la renta petrolera del país. Y en este sentido, para que la nación pueda conservar la renta petrolera como un patrimonio de los mexicanos, tiene que y debe de realizar las inversiones de manera directa, ya que en el contexto actual, privatizar o abrir resultaría ser la misma gata, pero revolcada.
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo
jueves, 18 de octubre de 2007
LA NEGRA HISTORIA DE CINTRA Y LA VENTA DE AEROMEXICO A BANAMEX CONFIRMAN EL CONTUBERNIO ENTRE EL PODER POLITICO Y EL ECONOMICO:
CONTINUANDO EL PAGO DE FACTURAS DEL 2 DE JULIO
Antecedentes:
En 1994, la banca capitalizó más de 507 millones de dólares correspondientes a los pasivos de Mexicana de Aviación: 150 millones de dólares correspondientes a las deudas acumuladas con Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 150 millones de dólares en préstamos con cinco bancos comerciales; 87 millones de dólares con el grupo Falcón que en ese momento encabezaba Carlos Abedrop y más de 120 millones de dólares con acreedores diversos.
Así la Controladora de Empresas Aéreas, entre las que destacaban Aeroméxico y Mexicana de Aviación, reprivatizadas en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, respectivamente.
Originalmente fueron vendidas a un grupo de empresarios, entre los que sobresalían los hermanos Pablo e Israel Brener Brener, del Grupo Xabre. Pablo fue miembro de la comisión de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari.
El grupo Cintra fue dirigido por Gerardo de Prevoisin Legorreta, quien huyó del país luego de un fraude al corporativo.
Desde su exilio, reconoció haber entregado 8 millones de dólares de la empresa a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo.
Entre sus accionistas se encontraban Eugenio Clariond Reyes Retana (presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios entre junio de 1997 e igual mes de 1999, accionista del Grupo Financiero Serfin y cabeza del Grupo IMSA, y adelantado promotor del pase de charola en favor de Francisco Labastida Ochoa en 1999) y Carlos Gómez y Gómez (presidente de la Asociación de Banqueros de México y accionista del Banco Santander Mexicano).
El consejo de administración, en 1997, lo presidía Ernesto Martens Rebolledo, y participaban, entre otros, Enrique Hernández Pons (Grupo Herdez), Adolfo Lagos Espinosa (director general de Serfin), José Serrano Segovia (Transportación Marítima Mexicana) y María Eugenia Sidaoui Dib (consejera suplente).
En la sesión número 12 del Subcomité de Recuperaciòn de Activos de Fobaproa, (26 de agosto de 1997), se abordó el asunto de la empresa Cintra: "Alberto Mulás (director de activos corporativos del subcomité) explicó la situación de la venta pública de acciones de Cintra; se pretende que el Fobaproa aporte un 6 por ciento de capital accionario del cual es propietario, para que la oferta pública de acciones alcance 24 por ciento (240 millones de acciones)".
Por su parte, el director general del fondo, Javier Arrigunaga, explicó que "en caso de que el fondo aceptara dicha propuesta perdería la posibilidad de tener una prima de control, al vender en el futuro el capital restante perteneciente al Fobaproa. Se sugirió que el 6 por ciento que se pretende adicionar a la tenencia accionaria de Nacional Financiera y al gobierno federal se aporte a prorrata de la tenencia de todos los accionistas en forma proporcional a su tenencia en el fideicomiso, de tal forma que Fobaproa siga manteniendo la mayoría de las acciones".
El escenario se complicó cuando el IPAB tuvo que rescatar la deuda de estos bancos que participaban en el capital y consejo de administración de ambas aerolíneas y posteriormente de Cintra, cuando la banca extranjera se negó a adquirir instituciones como Serfin e Inverméxico que mantenían en sus balances acciones de estas aerolíneas.
Fue Ana María Botín del Grupo Santander quien se opuso a cerrar la compra del banco que presidía Carlos Gómez y Gómez sino se eliminaba la participación en Cintra.
Por ello, en septiembre de 1999, el IPAB adquirió la participación de Serfin en Cintra, lo que representó una erogación de 515.7 millones de pesos, un rescate que determinó que el IPAB se convirtiera en el accionista mayoritario de esa controladora. Antes de verse presionado por la banca extranjera para sanear a los bancos con problemas y eliminar de su balance el capital de las aerolíneas, el IPAB sólo controlaba el 6 por ciento de Cintra.
Al momento de vender Mexicana de Aviación, el IPAB controlaba el 46.5 por ciento de Cintra.
Lo que mal empieza mal acaba:
La venta de CINTRA estuvo mal planeada desde su inicio por la propia Junta de Gobierno del IPAB.
Lo anterior se desprende de las propias Actas de la Junta de Gobierno del IPAB al observarse que nunca fue clara y contundente la decisión adoptada por la Comisión Federal de Competencia (CFC) en torno a que si el IPAB debía o no separar las líneas aéreas que conformaban CINTRA (Mexicana y Aeromexico), de hecho la “consulta realizada por el IPAB ante la CFC” que dio como resultado que el IPAB decidiera vender por separado a las dos aerolíneas atentaba contra el objetivo primordial de la venta de activos del IPAB, que es el de “Maximizar el valor de recuperación de los bienes vendidos para reducir el costo fiscal del rescate bancario”
Por ello del Acta 18 de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB (que está en su página de Internet) se observa, que durante el desarrollo de la sesión Adalberto Palma uno de los vocales en ese momento advirtió, que la decisión de separar a las aerolíneas (Mexicana de Aviación y Aeromexico) iba en contra del mandato de ley para el IPAB en virtud de que al separarlas para su venta, el valor de recuperación no seria el máximo por lo que se tenía que “pelear” u “objetar” la recomendación a la consulta realizada ante la CFC.
Sin embargo la mayoría de la Junta de Gobierno del IPAB decidió ignorar la recomendación de Adalberto Palma y diseñar el esquema de venta de Mexicana y Aeromexico por separado.
Era obvio que el separar a las aerolíneas además de restarle valor a CINTRA iba provocar que ya una vez vendidas sus problemas financieros se acentuaran y difícilmente podrían sobrevivir.
De esta manera, uno de los últimos activos importantes heredados del fallido rescate bancario, fue nuevamente regalado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y se agregó a la lista de bienes prácticamente regalados en subastas públicas.
Para corroborar lo anterior sólo basta recordar los casos SERFIN y Bancreser, instituciones cuyo costo de saneamiento y las finanzas públicas supero los 120 y 100 mil millones de pesos respectivamente y fueron vendidos en 19 mil millones de pesos y 9 mil millones de pesos cada uno.
Por ello la operación de CINTRA, conjuga por una parte la ineficiencia del IPAB para maximizar la recuperación de activos y con ello cumplir con su propia ley y por la otra, abre nuevamente la sospecha de que mediante el uso de información privilegiada; BBV-Bancomer obtuvo un gran beneficio en detrimento de la operación de venta de CINTRA y con ello disminuyó la posibilidad de reducir el costo fiscal del rescate bancario.
Para ello sólo basta hacer un breve recuento de los acontecimientos:
Cuando el 8 de febrero del 2005, en su calidad de accionista mayoritario de la empresa controladora Cintra, el IPAB decidió iniciar de manera formal el proceso de venta de las dos principales aerolíneas del país, (Mexicana y Aeroméxico) nunca imaginó que BBVA Bancomer en uso de información que pudiera ser considerada como “privilegiada” adelantaría la venta de sus acciones y con ello, pondría en graves problemas al Consejo de Administración de la controladora, en su estrategia de venta.
Hay que recordar que al mes de enero de 2005, la tenencia accionaría de CINTRA se encontraba distribuida de la siguiente manera: el gobierno mexicano controlaba casi el 60%, (el 46.5% estaba en manos del IPAB, el 10.2% en poder de la SHCP, y el 3.5% en manos de Nacional Financiera), Bancomer controlaba el 13.5%, Banamex el 9.7%, Scottiabank el 6.2% y se encontraban en manos del mercado aproximadamente el 10.4%.
Sin embargo, una vez que BBV-Bancomer en su calidad de accionista conoció de las intenciones de parte del Consejo de Administración de CINTRA de vender tanto a Mexicana como a Aeromexico, el 8 de febrero del 2005, optó por deshacerse de su participación en la empresa.
La decisión de BBV-Bancomer puede explicarse por dos razones:
1) Por que la estrategia de venta adoptada por el Consejo de Administración de CINTRA, buscaba vender a las empresas Mexicana y Aeromexico separadas y esto no le generó confianza a Bancomer.
2) Por que Bancomer sabía que el hecho de vender a las empresas Mexicana y Aeromexico por separado “disminuiría el precio de la acción, y con ello su porcentaje de la venta que como accionista de CINTRA le correspondía.
De esta manera, y de acuerdo con los registros de operaciones de la BMV, se observó que desde mediados de abril, tan sólo 2 meses después del anuncio de la venta de CINTRA, Bancomer vendió su participación en CINTRA que significaban aproximadamente 134 millones de acciones, que representaban el 13.5% del total.
Estas operaciones se realizaron a un precio de 8.10 pesos por acción, lo cual significó un ingreso para Bancomer de aproximadamente 1,805 millones de pesos.
Pero además la operación realizada por Bancomer, estableció “implícitamente” un piso mínimo al valor total de CINTRA, ya que si por 13.5% se habían obtenido 1,805 millones de pesos, el 100% de CINTRA se ubicaría en alrededor de 8,000 mil millones de pesos (800 millones de dólares).
Esta situación provocó problemas a la estrategia de venta adoptada por el IPAB, ya que con las aerolíneas vendidas por separado jamás alcanzarían un valor de 800 millones de dólares.
Sin embargo el IPAB decidió mantener su estrategia y se anunció como ganador de la subasta por Mexicana de Aviación al Grupo Posadas quién se hizo de esta aerolínea a un costo de 165.5 millones de dólares, (1,650 millones de pesos).
Esto nuevamente resulta absurdo y difícil de entender para los contribuyentes que se preguntan ¿ Cómo es posible que Bancomer con la venta de sólo el 13.5% de la acciones de CINTRA , haya obtenido más dinero que el IPAB al vender la totalidad de la línea aérea Mexicana de Aviación ?.
Pero eso no es todo, hay que recordar que el precio de la acción de CINTRA al que vendió Bancomer fue de 8.10 pesos y el valor actual de la acción de CINTRA es sólo de 4.57 pesos la acción.
Esto complico desde ese momento la operación futura de venta de Aeromexico haciendo que resultara prácticamente imposible que el IPAB pudiera vender en más de 200 millones de dólares a la otra línea aérea (Aeromexico) con lo “al final del día, CINTRA se habría vendido en aproximadamente 330 millones de dólares, cuándo pudo haber obtenido 800 millones de dólares.
Cabe destacar que esto no hubiese sucedido si Bancomer no hubiera actuado como lo hizo.
Sin lugar a dudas, la actitud asumida por Bancomer es una clara utilización de información privilegiada puesto que la decisión de vender sus acciones fue después de que en su calidad de accionista de CINTRA conocía perfectamente los planes de venta de la controladora así como las posibles dificultades que la estrategia adoptada enfrentaría, sin embargo resulta muy absurdo que a la CNBV no a la fecha no le haya llamado la atención, los movimientos realizados por Bancomer.
Más aún es obligación de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados llamar a cuentas a los funcionarios implicados en esta operación.
Hay que recordar que los ingresos que obtenga el IPAB, por estas ventas de activos tienen forzosamente que ser destinados a la disminución del costo fiscal del rescate bancario, y que por ley están obligados a maximizar la recuperación de activos, para disminuir el costo fiscal del rescate bancario.
Por ello en la operación realizada por el IPAB con CINTRA existen graves violaciones a la ley del IPAB y se debe presumir e investigar el uso de información privilegiada por parte de Bancomer, ya que todo esto ha disminuido las posibilidades de reducir el costo fiscal del rescate, haciendo más pasada la carga para los contribuyentes, lo que equivale nuevamente a lesionar el interés público.
Cabe mencionar que si el Consejo de Administración de CINTRA hubiera colocado las acciones de la controladora tal y como lo hizo Bancomer, los ingresos por esta operación hubiesen sido de aproximadamente 8,000 millones de pesos (800 millones de dólares), en vez de ello lo que recibió por Mexicana de Aviación, no representa ni siquiera el 10% de los recursos fiscales que serán destinados al IPAB en el Presupuesto de 2006.
El IPAB no recibió el dinero de la venta de mexicana:
A pesar de que el 20 de diciembre del año pasado, el Grupo Posadas pagó a CINTRA 165.5 millones de dólares por Mexicana de Aviación, el IPAB aún no recibe los recursos producto de dicha venta y por lo tanto estos no han podido destinarse a reducir el costo fiscal del rescate bancario, tal y como lo mandata la propia ley del IPAB.
Lo anterior se desprende del documento titulado “Consorcio Aeromexico: Proceso de Venta” el cual está en la propia página de Internet del Instituto.
Esta situación obedece a que el IPAB a nadie había informado que “el precio pagado por las acciones de Grupo Mexicana (Mexicana de Aviación), estaba sujeto a un mecanismo de “ajuste de precio” entre CINTRA y Grupo Posadas, que se pactò en el contrato de compra-venta.
Este mecanismo implica que Grupo Posadas llevará a cabo una auditoria a la situación de Mexicana de Aviación para determinar si el vendedor (CINTRA), le dijo “toda la verdad” sobre la situación financiera de Mexicana de Aviación o si esta tiene vicios ocultos que implicarían que el IPAB recibiera aún menos recursos por la venta de Mexicana de Aviación.
Es decir que el precio final por Mexicana de Aviación podría ser aún hasta un 15% inferior a los 165.5 millones de dólares, en los que supuestamente se subastó.
De esta manera de los 165.5 millones de dólares pagados por Grupo Posadas el 20 de diciembre, a la fecha el 85% de ellos (140.67 millones de dólares) todavía se encuentran en la Tesorería de Consorcio Aeromexico (antes CINTRA) y el restante 24.82 millones de dólares, se encuentran en un “fideicomiso de garantía” que servirá para llevar a cabo el “ajuste de precio y contingencias” que se podrían detectar en la mencionada auditaría que realiza el grupo posadas. Esto contraviene abiertamente la Ley del IPAB ya que el Instituto ya debió de haber aplicado esos recursos para reducir el costo fiscal del rescate bancario.
Es importante mencionar que al momento de su venta, el IPAB detentaba, es decir era el dueño del 46.5% de las acciones de CINTRA por lo que el ingreso que el IPAB recibiría y que debería de haber sido destinado a reducir el costo fiscal del rescate bancario era de aproximadamente 76.87 millones de dólares (800 millones de pesos), sin embargo dada esta situación los recursos podrían ser de hasta un 15% menos de lo originalmente proyectado.
La situación se complica aún mas ya que al estar depositados los recursos en la tesorería de Consorcio Aeromexico (antes CINTRA) el IPAB podría vender a Aeromexico con todo y esos recursos en su “caja” complicando aún más el seguimiento de los recursos pagados por el Grupo Posadas.
Al respecto conviene mencionar que de acuerdo a cifras de CINTRA, el grupo Aeromexico esta operando desde el 2003 con utilidades y también muestra recuperación en sus índices operativos, por lo que se nos vuelve a recordar que: en México, se socializan las pérdidas y se privatizan las utilidades.
Finalmente es pertinente mencionar que a pesar de que los recursos provenientes de la venta de mexicana de aviación no han sido ni siquiera determinados e ingresados al IPAB, los funcionarios que integran el Consejo de Administración de CINTRA cobraron “su jugoso y cuantioso bono especial que recibirán por haber llevado a cabo una venta tan exitosa”.
Al vender Aeromexico a Banamex, se violó la ley del IPAB:
La venta de Aeromexico se complicò y sobre todo con el interés que mostró Gastón Azcarraga, presidente actual de Mexicana de Aviación, por Aeromexico.
Lo anterior en virtud de que si a Gastón Azcàrraga le negaron el derecho de entrar a la subasta por Aeromèxico, la Comisión de Competencia (CFC) tiene que explicar las razones de negar la entrada a Gastón Azcarraga y el por qué no ha actuado de la misma manera en el caso de los Bancos.
Y es que de acuerdo con informes dados por la CFC, este organismo señalo que Gastón Azcarraga, no podía adquirir la aerolínea en virtud de que se generaría nuevamente un monopolio ya que (Mexicana y Aeromèxico) detentaría como mínimo el 38.8% del mercado aéreo total, pero este podría ser de más del 58%.
En este caso, la CFC tendría que explicar el por qué en el caso de los bancos, particularmente con BBV-Bancomer y Citygroup, quienes detentan aproximadamente el 50% del mercado, se ha actuado de manera tan flexible por este organismo regulador.
Lo anterior se complicó aún más ya que independientemente del monto que ofrecieran por el Consorcio Aeromexico, la familia SABA y BANAMEX, estaban impedidos por la ley del IPAB para adquirir mediante subasta o cualquier otra forma, algún activo proveniente del rescate bancario.
Por ello la Comisión de Vigilancia y la Auditoria Superior de la Federación están obligados a fincar responsabilidades a Maria Teresa Fernández, (Secretaria Ejecutiva del IPAB) y a la Junta de Gobierno del Instituto por aprobar la operación contraviniendo el marco jurídico del Instituto y las normas para vender activos.
Para corroborar lo anterior, solo basta señalar que el 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, en el cual se sustentarían todas las operaciones de venta de activos que realiza el Instituto.
De ahí que el propio IPAB y en cumplimiento del articulo décimo tercero transitorio. Emitió el Programa de Enajenación de Bienes en el cual estableció que:
El Programa de Enajenación de Bienes seria de aplicación obligatoria en los procesos de delegación de administración y/o enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Y en dicho programa se estableció que “No podrán constituirse como Oferentes y Adquirentes las personas que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos”:
Lo anterior quiere decir que ni la familia SABA, ni Banamex, podìan entrar a la subasta, ni mucho menos adquirir Aeromexico, en virtud de que ambos fueron apoyados en su momento por el Fobaproa ya que este adquirió créditos o cartera de Banamex (véase Bank Report de Banamex) y también la familia SABA aparece dentro del Acta de Entrega del Fobaproa al IPAB como uno de los “originadotes de flujos en los Programas de Capitalización y Compra de Cartera” lo anterior consta en la información que se encuentra en la propia Cámara de Diputados, por lo que resulta absurdo que los legisladores se pronuncien y exijan transparencia en la operación, cuando ellos no se han pronunciado en torno a esta irregularidad.
Pero por si lo anterior no fuera suficiente, el articulo 64 de la ley del IPAB, establece que la enajenación de los bienes deberá ser mediante subasta pública o por licitación publica, siendo claro que en el caso de Aeromexico, lo que se ha hecho es una oferta pública de acciones a través de la bolsa de valores (oferta hostil), figura que no esta establecida en la ley del IPAB.
De esta manera se puede concluir que la operación de venta de Aeromexico a Banamex, además de haber violado el marco jurídico del IPAB, representó una pérdida para las finanzas públicas y para los contribuyentes, más aún si consideramos que el costo para el Fobaproa-IPAB de haber saneado a estas empresas (Mexicana y Aeromexico; es decir CINTRA) fue de poco mas de 500 millones de dólares y después de casi 8 años se recuperaron sólo 350 millones de dólares.
Pero esta pérdida es mayor si consideramos que en el año 2000 Adalberto Palma, mejor conocido como el vocal “incomodo” del IPAB, recomendó que se explorara la posibilidad con la Comisión Federal de Competencia de vender junto y no separado a CINTRA, lo que hubiese generado ingresos por aproximadamente 1,500 millones de dólares, cifra casi 5 veces superior a lo que finalmente se obtuvo.
Finalmente conviene señalar que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Antonio Ortega Martínez, (hermano del aspirante a la Presidencia del PRD), está obligado a investigar minuciosamente no sólo la venta de Aeromexico, sino todo el fracaso para las finanzas públicas del caso CINTRA, más aún porque atrás de Banamex, se encuentran empresarios que apoyaron fuertemente la campaña de Felipe Calderón.
Acto seguido, el Lic. Gustavo Castillo dio lectura a la nota “Cintra, S.A. de C.V.”
Al término de la presentación, el Lic. Alejandro Creel sugirió que la contratación de los terceros especializados que participarán en el diseño de las estrategias de venta de Cintra, S.A. de C.V. se hiciera en el marco de la resolución de la consulta de fecha 2 de octubre de 2000 dictada en el expediente CON-29-2000 por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia.
Al respecto, el Lic. Gustavo Castillo precisó que se trataría de un procedimiento de invitación restringida.
El Dr. Carlos Noriega y el C.P. Mario López Araiza señalaron que el Instituto debía hacer explícito su acatamiento a la resolución de este órgano desconcentrado.
En cuanto a la resolución misma, el Dr. Carlos Noriega apuntó que era importante ya no retrasar la venta para evitar que continúe el deterioro de la empresa y permitir su sano desarrollo.
Por su parte, el Ing. Adalberto Palma dio lectura a una serie de consideraciones sobre el pronunciamiento de la Comisión Federal de Competencia, a saber:
“1. Recordemos que conforme a la Ley que rige al Instituto es nuestra obligación tutelar por una sana administración del activo y proceder a la venta de los bienes al mejor precio posible.
2. En este orden de ideas, es necesario que el Instituto contrate un asesor financiero independiente que determine las distintas opciones de venta de Cintra, S.A. de C.V., conforme a criterios generales de negocio y que permita al Instituto cumplir con su Ley.
3. El oficio expedido por la Comisión Federal de Competencia si bien es cierto tiene el carácter de consulta, impone un criterio en el proceso de venta, ya que textualmente dice: ‘que la opción de venta conjunta y de dejar sin efecto las resoluciones dictadas en los expedientes CNT-25-95 y RA-21-95 de la Comisión Federal de Competencia, relativos a Cintra y Subsidiarias, consolidaría una concentración de las prohibidas por la Ley Federal de Competencia.’
Por ende, no obstante que en principio se puede sostener que no causa un agravio directo al Instituto por ser una consulta. Sin embargo, no podemos soslayar que limita las opciones de venta de nuestro activo. Y por tanto, ese hecho puede en sí mismo tener el sustento de un agravio al IPAB.
4. En base en lo anterior manifiesto que en mi opinión la Junta de Gobierno debe pronunciarse a favor de que el Secretario Ejecutivo estudie los medios de impugnación disponibles al Instituto a fin de que, de ser procedente, se promueva acción de amparo y con ello evitar que se nos limiten las opciones de venta.
5. A mayor abundamiento propongo que se analice con cuidado el tema del acto consentido para que no caigamos en el supuesto de que en un futuro sea improcedente una acción de amparo en contra de una resolución que expida la Comisión Federal de Competencia, lo cual implicaría un serio daño al interés jurídico del Instituto en el tema de Cintra.
6. Finalmente no podemos dejar de considerar el hecho de que eventualmente el Congreso de la Unión a petición de la Comisión de Comunicaciones y Transportes nos podría solicitar una explicación del tema de la Comisión Federal de Competencia.
” El Lic. Alejandro Creel solicitó incluir otros argumentos en apoyo a la decisión de acatar la resolución de la Comisión Federal de Competencia: evitar el deterioro de la empresa, el tiempo transcurrido con la empresa en medio de conflictos, y el respeto a las decisiones de las autoridades en la esfera de su competencia.
Por último, el Sr. Julio César Méndez inquirió a los presentes sobre la conveniencia de invitar a Bancomer, S.A. y al Banco Nacional de México, S.A., en su calidad de accionistas de Cintra, S.A. de C.V., a un grupo de trabajo que estudiaría la enajenación de las acciones representativas del capital social del consorcio.
Sobre el particular, el Lic. Carlos Isoard se pronunció por la conveniencia de la participación de esos accionistas, sujeto al establecimiento de reglas para evitar conflictos de interés; a su vez, el Ing. Adalberto Palma sugirió que habida cuenta que aún no se definía la naturaleza y alcance del grupo de trabajo, se estudiara el tema en una sesión posterior.
Discutido lo anterior, con el voto en contra del Ing. Adalberto Palma Gómez los presentes adoptaron el siguiente:
Acuerdo IPAB/JG/00/18.7
Con fundamento en los artículos 61 a 64, 68 fracción XIII y 80 fracciones VI a VIII de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracciones VI, XXVIII a XXX del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; la Junta de Gobierno: (i) acata el contenido y alcance de la resolución de la consulta de fecha 2 de octubre de 2000 dictada en el expediente CON-29-2000 por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, sobre la consulta de fecha 31 de agosto de 2000 realizada por los representantes legales de Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple; del Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple; de Nacional Financiera, S.N.C.; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de este organismo público descentralizado; (ii) autoriza la selección mediante invitación restringida de los terceros especializados que coadyuvarán en el diseño del esquema que permita obtener el máximo valor de recuperación posible de Cintra, S.A. de C.V. en el marco de la resolución de la consulta dictada por la Comisión Federal de Competencia; y (iii) instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que se sometan a la consideración del órgano de gobierno los posibles esquemas de enajenación de Cintra, S.A. de C.V.
Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
18 de octubre de 2007
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
18 de octubre de 2007
Antecedentes:
En 1994, la banca capitalizó más de 507 millones de dólares correspondientes a los pasivos de Mexicana de Aviación: 150 millones de dólares correspondientes a las deudas acumuladas con Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 150 millones de dólares en préstamos con cinco bancos comerciales; 87 millones de dólares con el grupo Falcón que en ese momento encabezaba Carlos Abedrop y más de 120 millones de dólares con acreedores diversos.
Así la Controladora de Empresas Aéreas, entre las que destacaban Aeroméxico y Mexicana de Aviación, reprivatizadas en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, respectivamente.
Originalmente fueron vendidas a un grupo de empresarios, entre los que sobresalían los hermanos Pablo e Israel Brener Brener, del Grupo Xabre. Pablo fue miembro de la comisión de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari.
El grupo Cintra fue dirigido por Gerardo de Prevoisin Legorreta, quien huyó del país luego de un fraude al corporativo.
Desde su exilio, reconoció haber entregado 8 millones de dólares de la empresa a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo.
Entre sus accionistas se encontraban Eugenio Clariond Reyes Retana (presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios entre junio de 1997 e igual mes de 1999, accionista del Grupo Financiero Serfin y cabeza del Grupo IMSA, y adelantado promotor del pase de charola en favor de Francisco Labastida Ochoa en 1999) y Carlos Gómez y Gómez (presidente de la Asociación de Banqueros de México y accionista del Banco Santander Mexicano).
El consejo de administración, en 1997, lo presidía Ernesto Martens Rebolledo, y participaban, entre otros, Enrique Hernández Pons (Grupo Herdez), Adolfo Lagos Espinosa (director general de Serfin), José Serrano Segovia (Transportación Marítima Mexicana) y María Eugenia Sidaoui Dib (consejera suplente).
En la sesión número 12 del Subcomité de Recuperaciòn de Activos de Fobaproa, (26 de agosto de 1997), se abordó el asunto de la empresa Cintra: "Alberto Mulás (director de activos corporativos del subcomité) explicó la situación de la venta pública de acciones de Cintra; se pretende que el Fobaproa aporte un 6 por ciento de capital accionario del cual es propietario, para que la oferta pública de acciones alcance 24 por ciento (240 millones de acciones)".
Por su parte, el director general del fondo, Javier Arrigunaga, explicó que "en caso de que el fondo aceptara dicha propuesta perdería la posibilidad de tener una prima de control, al vender en el futuro el capital restante perteneciente al Fobaproa. Se sugirió que el 6 por ciento que se pretende adicionar a la tenencia accionaria de Nacional Financiera y al gobierno federal se aporte a prorrata de la tenencia de todos los accionistas en forma proporcional a su tenencia en el fideicomiso, de tal forma que Fobaproa siga manteniendo la mayoría de las acciones".
El escenario se complicó cuando el IPAB tuvo que rescatar la deuda de estos bancos que participaban en el capital y consejo de administración de ambas aerolíneas y posteriormente de Cintra, cuando la banca extranjera se negó a adquirir instituciones como Serfin e Inverméxico que mantenían en sus balances acciones de estas aerolíneas.
Fue Ana María Botín del Grupo Santander quien se opuso a cerrar la compra del banco que presidía Carlos Gómez y Gómez sino se eliminaba la participación en Cintra.
Por ello, en septiembre de 1999, el IPAB adquirió la participación de Serfin en Cintra, lo que representó una erogación de 515.7 millones de pesos, un rescate que determinó que el IPAB se convirtiera en el accionista mayoritario de esa controladora. Antes de verse presionado por la banca extranjera para sanear a los bancos con problemas y eliminar de su balance el capital de las aerolíneas, el IPAB sólo controlaba el 6 por ciento de Cintra.
Al momento de vender Mexicana de Aviación, el IPAB controlaba el 46.5 por ciento de Cintra.
Lo que mal empieza mal acaba:
La venta de CINTRA estuvo mal planeada desde su inicio por la propia Junta de Gobierno del IPAB.
Lo anterior se desprende de las propias Actas de la Junta de Gobierno del IPAB al observarse que nunca fue clara y contundente la decisión adoptada por la Comisión Federal de Competencia (CFC) en torno a que si el IPAB debía o no separar las líneas aéreas que conformaban CINTRA (Mexicana y Aeromexico), de hecho la “consulta realizada por el IPAB ante la CFC” que dio como resultado que el IPAB decidiera vender por separado a las dos aerolíneas atentaba contra el objetivo primordial de la venta de activos del IPAB, que es el de “Maximizar el valor de recuperación de los bienes vendidos para reducir el costo fiscal del rescate bancario”
Por ello del Acta 18 de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB (que está en su página de Internet) se observa, que durante el desarrollo de la sesión Adalberto Palma uno de los vocales en ese momento advirtió, que la decisión de separar a las aerolíneas (Mexicana de Aviación y Aeromexico) iba en contra del mandato de ley para el IPAB en virtud de que al separarlas para su venta, el valor de recuperación no seria el máximo por lo que se tenía que “pelear” u “objetar” la recomendación a la consulta realizada ante la CFC.
Sin embargo la mayoría de la Junta de Gobierno del IPAB decidió ignorar la recomendación de Adalberto Palma y diseñar el esquema de venta de Mexicana y Aeromexico por separado.
Era obvio que el separar a las aerolíneas además de restarle valor a CINTRA iba provocar que ya una vez vendidas sus problemas financieros se acentuaran y difícilmente podrían sobrevivir.
De esta manera, uno de los últimos activos importantes heredados del fallido rescate bancario, fue nuevamente regalado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y se agregó a la lista de bienes prácticamente regalados en subastas públicas.
Para corroborar lo anterior sólo basta recordar los casos SERFIN y Bancreser, instituciones cuyo costo de saneamiento y las finanzas públicas supero los 120 y 100 mil millones de pesos respectivamente y fueron vendidos en 19 mil millones de pesos y 9 mil millones de pesos cada uno.
Por ello la operación de CINTRA, conjuga por una parte la ineficiencia del IPAB para maximizar la recuperación de activos y con ello cumplir con su propia ley y por la otra, abre nuevamente la sospecha de que mediante el uso de información privilegiada; BBV-Bancomer obtuvo un gran beneficio en detrimento de la operación de venta de CINTRA y con ello disminuyó la posibilidad de reducir el costo fiscal del rescate bancario.
Para ello sólo basta hacer un breve recuento de los acontecimientos:
Cuando el 8 de febrero del 2005, en su calidad de accionista mayoritario de la empresa controladora Cintra, el IPAB decidió iniciar de manera formal el proceso de venta de las dos principales aerolíneas del país, (Mexicana y Aeroméxico) nunca imaginó que BBVA Bancomer en uso de información que pudiera ser considerada como “privilegiada” adelantaría la venta de sus acciones y con ello, pondría en graves problemas al Consejo de Administración de la controladora, en su estrategia de venta.
Hay que recordar que al mes de enero de 2005, la tenencia accionaría de CINTRA se encontraba distribuida de la siguiente manera: el gobierno mexicano controlaba casi el 60%, (el 46.5% estaba en manos del IPAB, el 10.2% en poder de la SHCP, y el 3.5% en manos de Nacional Financiera), Bancomer controlaba el 13.5%, Banamex el 9.7%, Scottiabank el 6.2% y se encontraban en manos del mercado aproximadamente el 10.4%.
Sin embargo, una vez que BBV-Bancomer en su calidad de accionista conoció de las intenciones de parte del Consejo de Administración de CINTRA de vender tanto a Mexicana como a Aeromexico, el 8 de febrero del 2005, optó por deshacerse de su participación en la empresa.
La decisión de BBV-Bancomer puede explicarse por dos razones:
1) Por que la estrategia de venta adoptada por el Consejo de Administración de CINTRA, buscaba vender a las empresas Mexicana y Aeromexico separadas y esto no le generó confianza a Bancomer.
2) Por que Bancomer sabía que el hecho de vender a las empresas Mexicana y Aeromexico por separado “disminuiría el precio de la acción, y con ello su porcentaje de la venta que como accionista de CINTRA le correspondía.
De esta manera, y de acuerdo con los registros de operaciones de la BMV, se observó que desde mediados de abril, tan sólo 2 meses después del anuncio de la venta de CINTRA, Bancomer vendió su participación en CINTRA que significaban aproximadamente 134 millones de acciones, que representaban el 13.5% del total.
Estas operaciones se realizaron a un precio de 8.10 pesos por acción, lo cual significó un ingreso para Bancomer de aproximadamente 1,805 millones de pesos.
Pero además la operación realizada por Bancomer, estableció “implícitamente” un piso mínimo al valor total de CINTRA, ya que si por 13.5% se habían obtenido 1,805 millones de pesos, el 100% de CINTRA se ubicaría en alrededor de 8,000 mil millones de pesos (800 millones de dólares).
Esta situación provocó problemas a la estrategia de venta adoptada por el IPAB, ya que con las aerolíneas vendidas por separado jamás alcanzarían un valor de 800 millones de dólares.
Sin embargo el IPAB decidió mantener su estrategia y se anunció como ganador de la subasta por Mexicana de Aviación al Grupo Posadas quién se hizo de esta aerolínea a un costo de 165.5 millones de dólares, (1,650 millones de pesos).
Esto nuevamente resulta absurdo y difícil de entender para los contribuyentes que se preguntan ¿ Cómo es posible que Bancomer con la venta de sólo el 13.5% de la acciones de CINTRA , haya obtenido más dinero que el IPAB al vender la totalidad de la línea aérea Mexicana de Aviación ?.
Pero eso no es todo, hay que recordar que el precio de la acción de CINTRA al que vendió Bancomer fue de 8.10 pesos y el valor actual de la acción de CINTRA es sólo de 4.57 pesos la acción.
Esto complico desde ese momento la operación futura de venta de Aeromexico haciendo que resultara prácticamente imposible que el IPAB pudiera vender en más de 200 millones de dólares a la otra línea aérea (Aeromexico) con lo “al final del día, CINTRA se habría vendido en aproximadamente 330 millones de dólares, cuándo pudo haber obtenido 800 millones de dólares.
Cabe destacar que esto no hubiese sucedido si Bancomer no hubiera actuado como lo hizo.
Sin lugar a dudas, la actitud asumida por Bancomer es una clara utilización de información privilegiada puesto que la decisión de vender sus acciones fue después de que en su calidad de accionista de CINTRA conocía perfectamente los planes de venta de la controladora así como las posibles dificultades que la estrategia adoptada enfrentaría, sin embargo resulta muy absurdo que a la CNBV no a la fecha no le haya llamado la atención, los movimientos realizados por Bancomer.
Más aún es obligación de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados llamar a cuentas a los funcionarios implicados en esta operación.
Hay que recordar que los ingresos que obtenga el IPAB, por estas ventas de activos tienen forzosamente que ser destinados a la disminución del costo fiscal del rescate bancario, y que por ley están obligados a maximizar la recuperación de activos, para disminuir el costo fiscal del rescate bancario.
Por ello en la operación realizada por el IPAB con CINTRA existen graves violaciones a la ley del IPAB y se debe presumir e investigar el uso de información privilegiada por parte de Bancomer, ya que todo esto ha disminuido las posibilidades de reducir el costo fiscal del rescate, haciendo más pasada la carga para los contribuyentes, lo que equivale nuevamente a lesionar el interés público.
Cabe mencionar que si el Consejo de Administración de CINTRA hubiera colocado las acciones de la controladora tal y como lo hizo Bancomer, los ingresos por esta operación hubiesen sido de aproximadamente 8,000 millones de pesos (800 millones de dólares), en vez de ello lo que recibió por Mexicana de Aviación, no representa ni siquiera el 10% de los recursos fiscales que serán destinados al IPAB en el Presupuesto de 2006.
El IPAB no recibió el dinero de la venta de mexicana:
A pesar de que el 20 de diciembre del año pasado, el Grupo Posadas pagó a CINTRA 165.5 millones de dólares por Mexicana de Aviación, el IPAB aún no recibe los recursos producto de dicha venta y por lo tanto estos no han podido destinarse a reducir el costo fiscal del rescate bancario, tal y como lo mandata la propia ley del IPAB.
Lo anterior se desprende del documento titulado “Consorcio Aeromexico: Proceso de Venta” el cual está en la propia página de Internet del Instituto.
Esta situación obedece a que el IPAB a nadie había informado que “el precio pagado por las acciones de Grupo Mexicana (Mexicana de Aviación), estaba sujeto a un mecanismo de “ajuste de precio” entre CINTRA y Grupo Posadas, que se pactò en el contrato de compra-venta.
Este mecanismo implica que Grupo Posadas llevará a cabo una auditoria a la situación de Mexicana de Aviación para determinar si el vendedor (CINTRA), le dijo “toda la verdad” sobre la situación financiera de Mexicana de Aviación o si esta tiene vicios ocultos que implicarían que el IPAB recibiera aún menos recursos por la venta de Mexicana de Aviación.
Es decir que el precio final por Mexicana de Aviación podría ser aún hasta un 15% inferior a los 165.5 millones de dólares, en los que supuestamente se subastó.
De esta manera de los 165.5 millones de dólares pagados por Grupo Posadas el 20 de diciembre, a la fecha el 85% de ellos (140.67 millones de dólares) todavía se encuentran en la Tesorería de Consorcio Aeromexico (antes CINTRA) y el restante 24.82 millones de dólares, se encuentran en un “fideicomiso de garantía” que servirá para llevar a cabo el “ajuste de precio y contingencias” que se podrían detectar en la mencionada auditaría que realiza el grupo posadas. Esto contraviene abiertamente la Ley del IPAB ya que el Instituto ya debió de haber aplicado esos recursos para reducir el costo fiscal del rescate bancario.
Es importante mencionar que al momento de su venta, el IPAB detentaba, es decir era el dueño del 46.5% de las acciones de CINTRA por lo que el ingreso que el IPAB recibiría y que debería de haber sido destinado a reducir el costo fiscal del rescate bancario era de aproximadamente 76.87 millones de dólares (800 millones de pesos), sin embargo dada esta situación los recursos podrían ser de hasta un 15% menos de lo originalmente proyectado.
La situación se complica aún mas ya que al estar depositados los recursos en la tesorería de Consorcio Aeromexico (antes CINTRA) el IPAB podría vender a Aeromexico con todo y esos recursos en su “caja” complicando aún más el seguimiento de los recursos pagados por el Grupo Posadas.
Al respecto conviene mencionar que de acuerdo a cifras de CINTRA, el grupo Aeromexico esta operando desde el 2003 con utilidades y también muestra recuperación en sus índices operativos, por lo que se nos vuelve a recordar que: en México, se socializan las pérdidas y se privatizan las utilidades.
Finalmente es pertinente mencionar que a pesar de que los recursos provenientes de la venta de mexicana de aviación no han sido ni siquiera determinados e ingresados al IPAB, los funcionarios que integran el Consejo de Administración de CINTRA cobraron “su jugoso y cuantioso bono especial que recibirán por haber llevado a cabo una venta tan exitosa”.
Al vender Aeromexico a Banamex, se violó la ley del IPAB:
La venta de Aeromexico se complicò y sobre todo con el interés que mostró Gastón Azcarraga, presidente actual de Mexicana de Aviación, por Aeromexico.
Lo anterior en virtud de que si a Gastón Azcàrraga le negaron el derecho de entrar a la subasta por Aeromèxico, la Comisión de Competencia (CFC) tiene que explicar las razones de negar la entrada a Gastón Azcarraga y el por qué no ha actuado de la misma manera en el caso de los Bancos.
Y es que de acuerdo con informes dados por la CFC, este organismo señalo que Gastón Azcarraga, no podía adquirir la aerolínea en virtud de que se generaría nuevamente un monopolio ya que (Mexicana y Aeromèxico) detentaría como mínimo el 38.8% del mercado aéreo total, pero este podría ser de más del 58%.
En este caso, la CFC tendría que explicar el por qué en el caso de los bancos, particularmente con BBV-Bancomer y Citygroup, quienes detentan aproximadamente el 50% del mercado, se ha actuado de manera tan flexible por este organismo regulador.
Lo anterior se complicó aún más ya que independientemente del monto que ofrecieran por el Consorcio Aeromexico, la familia SABA y BANAMEX, estaban impedidos por la ley del IPAB para adquirir mediante subasta o cualquier otra forma, algún activo proveniente del rescate bancario.
Por ello la Comisión de Vigilancia y la Auditoria Superior de la Federación están obligados a fincar responsabilidades a Maria Teresa Fernández, (Secretaria Ejecutiva del IPAB) y a la Junta de Gobierno del Instituto por aprobar la operación contraviniendo el marco jurídico del Instituto y las normas para vender activos.
Para corroborar lo anterior, solo basta señalar que el 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, en el cual se sustentarían todas las operaciones de venta de activos que realiza el Instituto.
De ahí que el propio IPAB y en cumplimiento del articulo décimo tercero transitorio. Emitió el Programa de Enajenación de Bienes en el cual estableció que:
El Programa de Enajenación de Bienes seria de aplicación obligatoria en los procesos de delegación de administración y/o enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Y en dicho programa se estableció que “No podrán constituirse como Oferentes y Adquirentes las personas que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos”:
viii) Personas físicas que en su carácter de accionistas de una Institución, que haya sido sujeta a programas de saneamiento financiero en términos del artículo Séptimo Transitorio de la Ley o implementados por el Instituto de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley, hayan formado parte del grupo de control de dicha Institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.
Lo anterior quiere decir que ni la familia SABA, ni Banamex, podìan entrar a la subasta, ni mucho menos adquirir Aeromexico, en virtud de que ambos fueron apoyados en su momento por el Fobaproa ya que este adquirió créditos o cartera de Banamex (véase Bank Report de Banamex) y también la familia SABA aparece dentro del Acta de Entrega del Fobaproa al IPAB como uno de los “originadotes de flujos en los Programas de Capitalización y Compra de Cartera” lo anterior consta en la información que se encuentra en la propia Cámara de Diputados, por lo que resulta absurdo que los legisladores se pronuncien y exijan transparencia en la operación, cuando ellos no se han pronunciado en torno a esta irregularidad.
Pero por si lo anterior no fuera suficiente, el articulo 64 de la ley del IPAB, establece que la enajenación de los bienes deberá ser mediante subasta pública o por licitación publica, siendo claro que en el caso de Aeromexico, lo que se ha hecho es una oferta pública de acciones a través de la bolsa de valores (oferta hostil), figura que no esta establecida en la ley del IPAB.
Articulo 64
La enajenación de los bienes será mediante subasta publica, a menos que por la naturaleza o condiciones de venta de los bienes específicos respectivos, la junta de gobierno considere que ese procedimiento no permita obtener las mejores condiciones económicas para el instituto, caso en el que la propia junta de gobierno podrá autorizar que las ventas se realicen por licitación publica con las reglas, términos y condiciones que la misma establezca.
En la enajenación de acciones representativas del capital de las instituciones, se seguirán los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior preferentemente con instituciones financieras.
Cuando se trate de la enajenación de bienes que, por sus características específicas, no sea posible la recuperación a valor de avalúo, debido a las condiciones imperantes en el mercado, la junta de gobierno podrá autorizar la enajenación a precio inferior. Esto, si a su juicio, es la manera de obtener las mejores condiciones de recuperación, una vez consideradas las circunstancias financieras prevalecientes.
De esta manera se puede concluir que la operación de venta de Aeromexico a Banamex, además de haber violado el marco jurídico del IPAB, representó una pérdida para las finanzas públicas y para los contribuyentes, más aún si consideramos que el costo para el Fobaproa-IPAB de haber saneado a estas empresas (Mexicana y Aeromexico; es decir CINTRA) fue de poco mas de 500 millones de dólares y después de casi 8 años se recuperaron sólo 350 millones de dólares.
Pero esta pérdida es mayor si consideramos que en el año 2000 Adalberto Palma, mejor conocido como el vocal “incomodo” del IPAB, recomendó que se explorara la posibilidad con la Comisión Federal de Competencia de vender junto y no separado a CINTRA, lo que hubiese generado ingresos por aproximadamente 1,500 millones de dólares, cifra casi 5 veces superior a lo que finalmente se obtuvo.
Finalmente conviene señalar que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Antonio Ortega Martínez, (hermano del aspirante a la Presidencia del PRD), está obligado a investigar minuciosamente no sólo la venta de Aeromexico, sino todo el fracaso para las finanzas públicas del caso CINTRA, más aún porque atrás de Banamex, se encuentran empresarios que apoyaron fuertemente la campaña de Felipe Calderón.
ANEXO 1:
ACTA DE LA SESIÓN 18 DE LA JGIPAB
ACTA DE LA SESIÓN 18 DE LA JGIPAB
Acto seguido, el Lic. Gustavo Castillo dio lectura a la nota “Cintra, S.A. de C.V.”
Al término de la presentación, el Lic. Alejandro Creel sugirió que la contratación de los terceros especializados que participarán en el diseño de las estrategias de venta de Cintra, S.A. de C.V. se hiciera en el marco de la resolución de la consulta de fecha 2 de octubre de 2000 dictada en el expediente CON-29-2000 por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia.
Al respecto, el Lic. Gustavo Castillo precisó que se trataría de un procedimiento de invitación restringida.
El Dr. Carlos Noriega y el C.P. Mario López Araiza señalaron que el Instituto debía hacer explícito su acatamiento a la resolución de este órgano desconcentrado.
En cuanto a la resolución misma, el Dr. Carlos Noriega apuntó que era importante ya no retrasar la venta para evitar que continúe el deterioro de la empresa y permitir su sano desarrollo.
Por su parte, el Ing. Adalberto Palma dio lectura a una serie de consideraciones sobre el pronunciamiento de la Comisión Federal de Competencia, a saber:
“1. Recordemos que conforme a la Ley que rige al Instituto es nuestra obligación tutelar por una sana administración del activo y proceder a la venta de los bienes al mejor precio posible.
2. En este orden de ideas, es necesario que el Instituto contrate un asesor financiero independiente que determine las distintas opciones de venta de Cintra, S.A. de C.V., conforme a criterios generales de negocio y que permita al Instituto cumplir con su Ley.
3. El oficio expedido por la Comisión Federal de Competencia si bien es cierto tiene el carácter de consulta, impone un criterio en el proceso de venta, ya que textualmente dice: ‘que la opción de venta conjunta y de dejar sin efecto las resoluciones dictadas en los expedientes CNT-25-95 y RA-21-95 de la Comisión Federal de Competencia, relativos a Cintra y Subsidiarias, consolidaría una concentración de las prohibidas por la Ley Federal de Competencia.’
Por ende, no obstante que en principio se puede sostener que no causa un agravio directo al Instituto por ser una consulta. Sin embargo, no podemos soslayar que limita las opciones de venta de nuestro activo. Y por tanto, ese hecho puede en sí mismo tener el sustento de un agravio al IPAB.
4. En base en lo anterior manifiesto que en mi opinión la Junta de Gobierno debe pronunciarse a favor de que el Secretario Ejecutivo estudie los medios de impugnación disponibles al Instituto a fin de que, de ser procedente, se promueva acción de amparo y con ello evitar que se nos limiten las opciones de venta.
5. A mayor abundamiento propongo que se analice con cuidado el tema del acto consentido para que no caigamos en el supuesto de que en un futuro sea improcedente una acción de amparo en contra de una resolución que expida la Comisión Federal de Competencia, lo cual implicaría un serio daño al interés jurídico del Instituto en el tema de Cintra.
6. Finalmente no podemos dejar de considerar el hecho de que eventualmente el Congreso de la Unión a petición de la Comisión de Comunicaciones y Transportes nos podría solicitar una explicación del tema de la Comisión Federal de Competencia.
” El Lic. Alejandro Creel solicitó incluir otros argumentos en apoyo a la decisión de acatar la resolución de la Comisión Federal de Competencia: evitar el deterioro de la empresa, el tiempo transcurrido con la empresa en medio de conflictos, y el respeto a las decisiones de las autoridades en la esfera de su competencia.
Por último, el Sr. Julio César Méndez inquirió a los presentes sobre la conveniencia de invitar a Bancomer, S.A. y al Banco Nacional de México, S.A., en su calidad de accionistas de Cintra, S.A. de C.V., a un grupo de trabajo que estudiaría la enajenación de las acciones representativas del capital social del consorcio.
Sobre el particular, el Lic. Carlos Isoard se pronunció por la conveniencia de la participación de esos accionistas, sujeto al establecimiento de reglas para evitar conflictos de interés; a su vez, el Ing. Adalberto Palma sugirió que habida cuenta que aún no se definía la naturaleza y alcance del grupo de trabajo, se estudiara el tema en una sesión posterior.
Discutido lo anterior, con el voto en contra del Ing. Adalberto Palma Gómez los presentes adoptaron el siguiente:
Acuerdo IPAB/JG/00/18.7
Con fundamento en los artículos 61 a 64, 68 fracción XIII y 80 fracciones VI a VIII de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracciones VI, XXVIII a XXX del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; la Junta de Gobierno: (i) acata el contenido y alcance de la resolución de la consulta de fecha 2 de octubre de 2000 dictada en el expediente CON-29-2000 por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, sobre la consulta de fecha 31 de agosto de 2000 realizada por los representantes legales de Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple; del Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple; de Nacional Financiera, S.N.C.; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de este organismo público descentralizado; (ii) autoriza la selección mediante invitación restringida de los terceros especializados que coadyuvarán en el diseño del esquema que permita obtener el máximo valor de recuperación posible de Cintra, S.A. de C.V. en el marco de la resolución de la consulta dictada por la Comisión Federal de Competencia; y (iii) instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que se sometan a la consideración del órgano de gobierno los posibles esquemas de enajenación de Cintra, S.A. de C.V.
jueves, 27 de septiembre de 2007
domingo, 6 de mayo de 2007
MARIO DI COSTANZO : DESMINTIENDO LOS CACAREOS PANISTAS
Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México, tumba los cacareos de disque logros en materia económica del gobierno ESPURIO en esta columna publicada hoy en La Jornada:
¿Saben qué es lo más irrisorio de los panazis que cacarean los disque grandes logros del ESPURIO? Que se trata de asalariados que ganan no más de 6 mil pesos al mes; que viven en viviendas del infonavit (duplex o unidad de departamentos), y que, en general, viven explotados por los que DE VERDAD se llevan la mayor tajada, mientras que ellos a lo más que pueden aspirar es a un coche usado de medio pelo.
O en otras palabras, están amolados y encima aplauden.
Y eso sin contar los casos sumamente patéticos de gente que se declara panista, pero no tiene ni en qué caerse muerta, por lo que tienen que aguantar los malos tratos y la prepotencia de sus patrones que de nacos jodidos no los baja. ¡Sí! Hasta entre los panistas hay ese tipo de discriminación. ¿Y dicen algo al respecto los panistas? ¿A que no? Nisiquiera votan por convicción. Votan con el hígado. Pensando que ganarle a los perredistas los hará mejores en el escalafón social, para luego darse cuenta de que no pueden pagar un misero kilo de tortillas.
Bueno, el que por su gusto es b... hasta la yunta relame.
Por esto y mucho mas es un honor estar con Obrador.
¿El gobierno del empleo y la estabilidad?
La proyección de un menor crecimiento económico para el presente año, anunciada por el Banco de México, pone de manifiesto la incapacidad del equipo económico de Agustín Carstens para reactivar la economía mexicana. Hay que recordar que desde que el autodenominado "presidente del empleo" anunció la incorporación de Carstens al equipo económico, señalé que la política económica del país no plantearía ninguna diferencia con la del gobierno foxista. De hecho, el principal problema económico del sexenio anterior fue la falta de crecimiento y de empleo. Por tanto, Carstens, al aplicar las mismas medidas económicas que su antecesor, no ha podido, ni podrá, obtener resultados diferentes a los actuales.
Es pertinente recordar que durante la gestión de Agustín Carstens como subsecretario de Hacienda (2001-2003) fue cuando se observó la menor tasa de crecimiento económico de la anterior administración. El argumento, hace ya casi siete años, fue que la economía de Estados Unidos se encontraba "en un bache". De esta manera y hasta el momento Carstens ha insistido en las principales líneas de política económica, fiscal y presupuestaria emprendidas en la pasada administración.
A lo anterior se ha sumado el repunte en el crecimiento de los precios, que está obligando al Banco de México a aplicar una política monetaria más restrictiva mediante el incremento de la tasa de interés. Esto se ha combinado con las proyecciones de un menor crecimiento en Estados Unidos. Así, las posibilidades de crecimiento y creación de empleos se están esfumando, y ahora la propia Secretaría de Hacienda (SHCP) ha aceptado que durante el presente año se dejarán de crear cerca de 350 mil empleos. Más aún, en los Criterios de Política Económica para 2008, entregados hace casi un mes a la Cámara de Diputados, las autoridades hacendarias no descartan movimientos "bruscos" en el tipo de cambio.
Mientras tanto, la SHCP ha anunciado jubilosamente que durante el primer trimestre del año se obtuvo un "superávit fiscal", es decir, que al gobierno le sobraron 102 mi millones de pesos, pero que, sin embargo, durante el mismo periodo Pemex registró una pérdida cercana a los 10 mil millones de pesos.
¿Pero cómo puede ser que en un país que enfrenta rezagos en infraestructura social y productiva, el gobierno pueda decir que al resultado de sus finanzas públicas le sobró dinero? ¿Cómo puede ser que mientras que al gobierno le sobra dinero, a Pemex le falten recursos y que opere con pérdidas?
Esta incapacidad de acción se ha querido explicar nuevamente diciendo que la economía estadunidense tiene "gripe", así que a los mexicanos nos va a dar "pulmonía". Si bien es cierto que la reducción en las posibilidades de crecimiento de la economía estadunidense impacta al entorno económico de nuestro país, también lo es que la existencia de los monopolios y oligopolios en sectores estratégicos incide fuertemente en las posibilidades de crecimiento económico y del empleo en nuestro país. De hecho, y de acuerdo con el Banco Mundial, la existencia de estos monopolios y oligopolios le cuesta al país entre dos y tres puntos de crecimiento anual.
También es cierto que la astringencia presupuestaria en materia de inversión pública directa, la falta de atención al mercado interno y la absoluta incapacidad para resolver el problema tributario en el país son factores que repercuten en las posibilidades de crecimiento y empleo en México. La teoría económica concibe al gasto público como un detonante del crecimiento económico. La existencia de presupuestos contracíclicos es precisamente para contrarrestar los efectos de una caída en la actividad económica externa.
Hasta el momento Carstens y su equipo no han mostrado la menor imaginación y voluntad de acción para contrarrestar los efectos del menor crecimiento esperado para la economía estadunidense. Al contrario, se han esmerado por continuar desmantelando el Estado mexicano, por dejar intactas las comisiones bancarias y los paraísos fiscales de las grandes empresas, por continuar protegiendo a los monopolios, por seguir estrangulando al campo y privatizando la seguridad social y la educación.
Por ello, Carstens y su equipo deben saber que existen diversas acciones que tienen que llevar a cabo como respuesta a lo que está sucediendo en Estados Unidos, y no sólo sentarse a llorar y lamentar su tragedia, o a pelearse con Guillermo Ortiz, porque éste elevó la tasa de interés, como consecuencia de la escalada de precios.
Finalmente, sobre Pemex, sólo basta decir que la pérdida registrada no obedece a la improductividad de la empresa, pues mientras Grupo Alfa paga una tasa de impuesto que equivale a menos de cuatro por ciento de sus ventas totales, Pemex paga una tasa que equivale a 56 por ciento de sus ventas totales.
¿Saben qué es lo más irrisorio de los panazis que cacarean los disque grandes logros del ESPURIO? Que se trata de asalariados que ganan no más de 6 mil pesos al mes; que viven en viviendas del infonavit (duplex o unidad de departamentos), y que, en general, viven explotados por los que DE VERDAD se llevan la mayor tajada, mientras que ellos a lo más que pueden aspirar es a un coche usado de medio pelo.
O en otras palabras, están amolados y encima aplauden.
Y eso sin contar los casos sumamente patéticos de gente que se declara panista, pero no tiene ni en qué caerse muerta, por lo que tienen que aguantar los malos tratos y la prepotencia de sus patrones que de nacos jodidos no los baja. ¡Sí! Hasta entre los panistas hay ese tipo de discriminación. ¿Y dicen algo al respecto los panistas? ¿A que no? Nisiquiera votan por convicción. Votan con el hígado. Pensando que ganarle a los perredistas los hará mejores en el escalafón social, para luego darse cuenta de que no pueden pagar un misero kilo de tortillas.
Bueno, el que por su gusto es b... hasta la yunta relame.
Por esto y mucho mas es un honor estar con Obrador.
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