Bernardo Barranco V.
En forma y fondo la reforma al artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa ha sido de bochorno. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión formuló, el pasado 19 de junio, la declaratoria de la reforma al artículo 24 constitucional, referido a libertad religiosa.
Recordemos la presión que ha ejercido la jerarquía de la Iglesia católica desde que Carlos Aguiar Retes asumió la presidencia de la CEM en 2006 hasta la visita del papa Benedicto XVI, marzo de 2011, en la que el secretario de Estado Tarsicio Bertone remachó el tema en una gran cena ante la clase política de Felipe Calderón y altos prelados católicos. El Poder Legislativo ha construido una reforma cuyo proceso ha estado salpicado de suspicacias y desconfianzas. La Cámara de Diputados, con una prisa sospechosa, aprueba el 15 de diciembre de 2011 las reformas al 24. Para ello, implementó en su aprobación y modificación un procedimiento que no respetó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales ni en el pleno de la Cámara, violando el principio jurídico de exhaustividad y de legitimidad. La discusión de los diputados fue pobrísima entre reproches procedimentales, tomas de la tribuna y negociaciones apuradas de última hora; poco o nada se afrontaron temas sustanciales de las libertades.
La jerarquía católica y la derecha no quedaron conformes con el resultado final, no tanto porque se incorporaron libertades no religiosas como las éticas y de conciencia, sino porque se frustra la intención de introducir de manera directa la educación religiosa en escuelas públicas, vía los padres de familia, como se apuntaba en el proyecto original. La reforma es una vacilada, exclamó entonces con trágico humor José Luis Soberanes. Al pasar la reforma al Senado, se opera un mercadeo pues se saca del congelador la reforma al artículo 40, sobre el carácter laico del Estado mexicano, y ambos se someten a subasta. Resultado: ambas reformas, el 40 y el 24 van de la mano. Tampoco hubo debate de fondo y los foros convocados por el Senado fueron pura simulación.
La reforma considerada no prioritaria en la agenda del país se politiza. El proceso es viciado de origen y queda claro que la reforma al artículo 24 constitucional es consecuencia de un acuerdo político cupular que articula los intereses de la jerarquía con el pragmatismo de corto plazo de la clase política. Los actores de la operación son principalmente de la fracción mexiquense del PRI, por lo que la paternidad de la reforma se le atribuye a pactos del entonces precandidato Enrique Peña Nieto con el obispo presidente de la CEM, entonces Carlos Aguiar Retes, contando con el aval de Felipe Calderón y sus huestes panistas.
Si la reforma fue aprobada con apresuramiento en la Cámara de Diputados y en el Senado tuvo que pasar un año y dos meses para ser aprobada por los congresos estatales y lograr así el cincuenta por ciento más uno de las legislaturas locales, requeridos para su promulgación definitiva. El proceso fue accidentado, sufrido e inédito. Las principales reticencias para aprobarlas en las diferentes entidades emanaron del propio PRI, de sus corrientes liberales y masónicas que siguen siendo fuertes en muchas entidades del país. También se generaron potentes movilizaciones sociales, conducidas por Foro Cívico México Laico que aglutinó diversas organizaciones sociales. De manera relevante se generó la reacción en contra de numerosas iglesias evangélicas y de manera decisiva destaca la Iglesia La luz del mundo, que mostró músculo y capacidad de convocatoria en gran parte de las entidades mexicanas que por momentos llegaron a inquietar a las legislaturas locales y los obispos. En diversas entidades los congresos locales tuvieron que encarar la presión y movilización social de repudio a una reforma socialmente objetada. Sin embargo, la disciplina se impuso, la manija estaba en el PRI pues cuenta con la preponderancia de la mayoría de los congresos: numerosos legisladores con amargura relatan la presión que estableció Peña Nieto a las legislaturas estatales rebeldes, argumentando el cumplimiento de los compromisos contraídos. Hubo seis estados en que la reforma fue rechazada: Morelos, Michoacán, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas. En los demás hubo jaloneos, presiones y hasta traiciones. Por ejemplo, en Coahuila, el Congreso da una dramática reversa frente a la presión del PRI de México, según consta en la voz de los propios diputados, aprobando la reforma que días antes había rechazado en un dictamen. Algo parecido pasó en Veracruz, estado con una fuerte presencia de masones liberales, en la que el propio gobernador tuvo que desdecirse. En esa ruta fueron Puebla y Jalisco.
Si bien laicidad y libertad religiosa van de la mano, muchos juristas temen que esta reforma podría minar el carácter laico del Estado en materia educativa. Ya hubo amagos en Puebla, donde legisladores panistas, invocando la libertad religiosa de los padres, querían establecer catecismo en las escuelas públicas. La iniciativa no prosperó, pero queda como inquietante precedente. Estas querellas podrían concluir en los tribunales de la Suprema Corte de Justicia con las reservas que todos tenemos. Hay que reconocer, asimismo, que la promulgación del artículo 24 se opera en una atmósfera enrarecida en términos de la política y la religión. Muchos políticos y funcionarios públicos han salido del clóset y de manera retadora han invocado signos religiosos para ejercer su mandato. El temor radica en que la Iglesia católica utilice dicho recurso para imponer su agenda. Afortunadamente, México es una sociedad más abierta y plural, todas las libertades son bienvenidas. El Estado laico, por tanto, es un instrumento de convivencia pacífica y armónica en una sociedad diversa. La laicidad garantiza la democracia de un país que debe proteger sobre todo a sus minorías y hace respetar los derechos humanos de los ciudadanos sin distingo alguno de credo ni de condición. La laicidad, más que un concepto o fotografía conceptual, es un proceso histórico y dinámico, por lo que tiene que debatirse, trabajarse y dotarse de contenidos que expresen la práctica y los anhelos de la sociedad. Por ello, la contienda por dimensionar la libertad religiosa en el contexto de un Estado laico, en México apenas empieza.
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