* Tal autorización incumplió en 2007 un decreto del Ejecutivo, según la Auditoría Superior
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 23 de febrero de 2010
Durante 2007 y 2008, la Secretaría de Hacienda autorizó a la de Defensa Nacional (Sedena) que 10 funcionarios de primer rango del Ejército y 45 generales de división fueran excluidos del recorte salarial decretado por el Presidente de la República para la alta burocracia, lo cual incumplió las disposición de que ningún funcionario gane más que el titular del Ejecutivo, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Resaltó que en diciembre de 2008 Hacienda autorizó un bono no presupuestado de fin de año –adicional al aguinaldo– por 8 mil 400 pesos a cada uno de los 153 mil 503 efectivos del Ejército, lo cual resultó un importe por mil 294 millones 797 mil 800 pesos, que se hizo con cargo a los ahorros presupuestarios del ejercicio fiscal de ese año.
En el capítulo Servicios personales de la Defensa, la ASF detectó que entre 2007 y 2008, a 55 altos mandos militares se les descontó 10 por ciento de su compensación garantizada, a partir del decreto presidencial de austeridad publicado el 4 de diciembre de 2006, el cual determinó que los ahorros se destinarían a programas sociales.
Sin embargo, explicó, después Hacienda concedió a la dependencia la oportunidad de restituir ese importe mediante la partida Compensaciones de Servicios.
El órgano fiscalizador indicó en su Informe de resultados de la cuenta pública 2008, que reportó a la Sedena mediante el oficio 315-A-00416, del 31 de enero de 2007, que también debía ajustarse a la medida presidencial, a fin de no generar distorsiones en la aplicación de los sueldos y salarios.
“Por lo anterior, la compensación garantizada de los generales de división, así como de otros diez altos funcionarios se redujo en 10 por ciento, en cumplimiento de la disposición comunicada en el oficio anteriormente mencionado.
Sin embargo, en el quinto párrafo, incisos E y F del citado oficio, Hacienda concedió a la Sedena la oportunidad de que se restituyera el importe disminuido a la compensación garantizada por medio de una percepción extraordinaria con cargo a la partida 1320, detalló la auditoría.
Así, la disminución de la compensación garantizada, que por medidas de austeridad y disciplina del gasto se aplicó a esos funcionarios, se pagó desde el ejercicio 2007 al 31 de diciembre de 2008 como una compensación extraordinaria.
La ASF concluyó que la autorización de Hacienda para realizar esos pagos a generales de división y altos mandos del Ejército se contrapone a las medidas de austeridad y disciplina en el gasto, establecidas mediante el decreto expedido por el Presidente de la República, pues no racionaliza el gasto y no contribuye al ahorro en el presupuesto.
El órgano fiscalizador también halló un uso discrecional en la creación de plazas y la ocupación de éstas para nuevos militares o ascensos al rango inmediato superior.
En el reporte entregado la semana pasada a la Cámara de Diputados, la auditoría comprobó que en 2008 se pagaron 2 mil 848 plazas no autorizadas por Hacienda, con costo de 64 millones 486 mil 500 pesos, que a su vez se obtuvieron de plazas autorizadas no ocupadas.
202 mil 355 plazas autorizadas
De acuerdo con un informe de la Sección de Presupuesto de la Sedena, citado por la ASF, ese año Hacienda autorizó 202 mil 355 plazas para militares, de las cuales se ocuparon 184 mil 880.
Sin embargo, el manejo discrecional de las plazas permitió que la Sedena ocupara 20 mil 323 no autorizadas en el tabulador de Hacienda, de las cuales 3 mil 414 correspondieron a nuevos soldados; 6 mil 549 a sargentos segundos; 2 mil 30 a sargentos primeros; 7 mil 372 a subtenientes; 515 capitanes segundos; 111 capitanes primeros; 203 mayores; 70 tenientes coroneles; 46 generales brigadieres y 13 generales de división.
En su respuesta a las observaciones de la auditoría, la Sedena argumentó que de manera especial en el gobierno de Felipe Calderón las funciones y responsabilidades de las fuerzas armadas han tenido un incremento sustancial y son adicionales a las que le confiere su Ley Orgánica.
“Este nuevo entorno, caracterizado por grandes desafíos para el Estado mexicano, origina la imperiosa demanda de mayores efectivos de personal militar […] por lo que la Sedena ha tenido la necesidad de ajustar sus plazas presupuestales autorizadas, bajo la premisa de dar cumplimiento de manera eficaz a las directivas que ha girado el Presidente”, afirmó.
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