Gerardo Fernández Noroña le responde duramente a diputado del PAN por masacre

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José Francisco Javier Landero Gutiérrez, diputado del PAN, declaró que los jóvenes masacrados en Ciudad Juárez “se volverían a morir” simplemente por las críticas que la oposición le hace al PAN, lo cual fue reclamado por Gerardo Fernández Noroña.

El diputado panista José Francisco Javier Landero Gutiérrez declaró ante el pleno de la cámara de diputados que a los jóvenes masacrados en Ciudad Juárez “les gustaría volverse a morir” simplemente por las críticas de la izquierda a los gobiernos del PAN y el PRI por su incapacidad para detener la inseguridad del estado.

La declaración de Landero Gutiérrez ocurrió ayer durante un fuerte debate en San Lázaro por la masacre en Juárez, en el cual intentó evadir la responsabilidad del PAN ante la situación alegando que se estaba usando “odio” cuando se le critica.

A esto respondió el diputado federal Gerardo Fernández Noroña señalándole:

“Quiero preguntarle al diputado Landeros, que dice con una ligereza impresionante que los jóvenes se volverían a morir si oyeran este debate, le quiero preguntar: ¿morirían fusilados, o cómo morirían? ¿Cuál sería la manera que escogerían para morir?”

“Qué desvergüenza venir a decir que se volverían a morir o que quizás están mejor. Si lo oyen los familiares no quiero decirle como le iría.”

“Qué poca vergüenza. Por eso el país está como está. Porque esa es la calidad del panismo que tiene la conducción de los destinos públicos.”

“La energía, la firmeza, los tamaños no son odio. Calderón me tiene sin cuidado. No es un problema de odio. Es que a mi sí me duele la miseria de la gente, la pobreza, el hambre, la desigualdad y la injusticia social. Es que a mi sí me irrita que se diga que se volverían a morir jóvenes que no tenían por qué morir y menos de esa manera miserable.”

Noroña acusó al PAN por haber causado la situación de los jóvenes en el país al privatizar la educación y reducirle el presupuesto a las universidades.

El petista también retó a la izquierda por pretender ir en alianza con el PAN. “Es el triunfo del chuchismo”, dijo.
(Enlace a nota en SDP).

Por esto y mucho mas es un honor estar con Obrador y luchar por la nación.

Exigen ONG la renuncia de Calderón

* “El gobierno federal encubre paramilitares y escuadrones de la muerte”
Exigen ONG juarenses la renuncia de Calderón
* Lo que vivimos en esta frontera es un terrorismo de Estado, dicen

Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de febrero de 2010, p. 3

Ciudad Juárez, Chih., 2 de febrero. La Asamblea Ciudadana Juarense, integrada por diversas organizaciones no gubernamentales, y el Frente Nacional contra la Represión, consideraron que lo que se vive en la frontera no es una lucha contra el crimen organizado, y tampoco enfrentamientos entre bandas rivales, sino un terrorismo de Estado, por lo que exigieron la renuncia del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Además, acusaron al gobierno federal de encubrir a grupos paramilitares y de enviar a la frontera escuadrones de la muerte para operar contra el pueblo, al que además desarman al catear casa por casa sin orden de un juez.

En nombre de la Asamblea Ciudadana y del Frente Nacional contra la Represión, Julián Contreras dijo en conferencia de prensa, que la violencia que se está promoviendo y tolerando por el gobierno, le ha servido a Felipe Calderón de pretexto para seguir militarizando al país sin resultados contrarios al crimen, pero sí restringiendo derechos a la población.

Afirmó que “en Juárez se confirma una tendencia general que ya conocimos durante las ilegales guerras de contrainsurgencia en Centroamérica. Existe una relación íntima entre la militarización de las ciudades y los pueblos y la actuación de escuadrones de la muerte que tienen como fin último amedrentar a la población; así sucedió en El Salvador con estos grupos, en Nicaragua con los contras, en Guatemala con los kaibiles y en México con un grupo dentro del Ejército Mexicano que a la postre se convertiría en Los Zetas, que ha trabajado tanto con las policías federales como con los cárteles de la droga, dentro y fuera del Ejército”.

Añadió que “90 por ciento de los asesinatos violentos en Ciudad Juárez no son investigados y resulta obvio, después de dos años, que el operativo conjunto o coordinado no ha funcionado, y que las fuerzas militares no están para combatir el crimen ni para detener los hechos de sangre, sino para atemorizar a la población para que no se manifieste contundentemente por lo que ha venido ocurriendo”.

De igual manera, imputó a Calderón Hinojosa guiarse por una política criminal y aprovechar los hechos violentos para mantener una guerra irresponsable contra el narcotráfico.

Por ello, en el contexto de la reciente matanza de jóvenes, la Asamblea Ciudadana y el Frente Nacional contra la Represión demandaron a Felipe Calderón que renuncie, lo llamaron un peligro para México y le atribuyeron operar en Juárez a través de escuadrones de la muerte.

Asimismo, responsabilizaron de la ejecución múltiple a los tres niveles de gobierno y pidieron al alcalde juarense, José Reyes Ferriz, así como al gobernador José Reyes Baeza, que si no pueden con el problema también dejen sus cargos, para que el pueblo se organice y salga adelante, ya que al pueblo nada más lo puede defender el pueblo.

Contreras también criticó el trabajo del Ejército Mexicano que, a su ver, está para cumplir órdenes y si no detiene criminales es precisamente porque no se le ha girado esa instrucción.

En este sentido afirmó que existe sin duda una complicidad de las fuerzas federales y los criminales (...) hay un encubrimiento a grupos paramilitares, por lo que mientras Felipe Calderón esté en la Presidencia, todos los juarenses corremos peligro.
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Notas relacionadas:
Exigen ONG renuncia de Calderón por promover terrorismo de Estado (SDP).
Escuadrones de la muerte operan en Juárez: ONG (El Universal).
Amenazan a familiares de jóvenes masacrado (SDP).
The so-called ‘War on Drugs’ a complete failure (San Diego News Network).
Calderón responsable de la matanza en Ciudad Juárez (Federico Arreola/SDP).

PROCESO : LA MATANZA DE SINALOA

Del Proceso de esta semana sale el reportaje sobre la matanza de civiles indefensos en Sinaloa. NO fue por pasarse un retén puesto que NO HABÍA RETÉN MILITAR. Vean:

Y los soldados no dejaban de disparar...
Rodrigo Vera

El viernes 1 de junio fue fatídico para Adán Esparza Parra y su familia. Cuando regresaban a su casa, por la noche, unos 20 soldados emergieron repentinamente de la oscuridad y, sin más, comenzaron a dispararle a la pick up en que viajaban por una brecha en la sierra de Sinaloa. Herido en un brazo, Adán bajó de la camioneta y pidió tregua. Fue inútil: las ráfagas continuaron...

CULIACÁN, SIN.- “¡No tiren!... ¡No disparen!... ¡Traigo mujeres y niños!”, gritaba angustiado Adán Esparza Parra a los soldados que, de pronto, en la oscuridad de la noche, salieron del bosque y empezaron a lanzar ráfagas contra su camioneta Ford pick up, en la que viajaban él y su familia.

Los militares no le hicieron caso. Seguían disparando sus potentes armas largas, al parecer fusiles M-16. Una bala destrozó el parabrisas y le pegó a Adán en el brazo derecho. El joven dejó el volante. Salió sangrando del vehículo al empinado camino de terracería. Se sostuvo en pie. Y en señal de paz levantó su brazo sano para que dejaran de dispararle.

Frente a él, a muy corta distancia, distinguía las borrosas siluetas de los soldados… y los chispazos de fuego que no cesaban.

–¡Ya no tiren! ¡Traigo niños conmigo! –insistía. Otro proyectil le destrozó su brazo izquierdo y lo tumbó al suelo.

El propio Adán –en el cuarto de hospital donde hoy convalece– continúa el relato con voz decaída y lenta:

“En esa parte del camino no había ningún retén militar. Los soldados salieron de repente. Detuve la camioneta porque vi moverse la luz de una lámpara de mano que ellos llevaban, como haciéndome señas. De inmediato comenzaron a disparar. Les grité que traía mujeres y niños.”

–¿Distinguió cuántos soldados eran?

–No. Era muy difícil saberlo. Lo que alcancé a ver fue dos vehículos Hummer, estacionados, con las luces apagadas. Me imagino que serían dos comandos de soldados. No lo sé.

Al caer herido al piso –cuenta–, vio que su pick up se deslizaba, con su familia a bordo, hacia un pequeño barranco situado al borde del camino.

“Me arrastré como pude intentando alcanzar la camioneta. Les grité a los soldados que me ayudaran a detenerla. Les pedía auxilio. Ellos no hacían nada. Sólo observaban. Y la pick up cayó al barranco.”

La baleada Ford de color rojo rodó a unos siete metros de profundidad. Quedó con las llantas hacia arriba, entre la seca hojarasca y los pinares del bosque. En ella viajaban la esposa de Adán, Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, y los tres hijos del matrimonio: la niña Grisel, de cinco años; Edwin, de siete; y Juana, de apenas dos años.

Iba también la hermana de Adán, la joven profesora rural Alicia Esparza. Y un sobrino de siete años, Josué Carrillo. Los acompañaba otra profesora, Teresa Flores Sánchez.

Ocho ocupantes en total viajaban en la camioneta. Con excepción de Adán –un campesino de 29 años, quien iba al volante–, los demás eran mujeres y niños.

Pobladores todos ellos de las pequeñas rancherías serranas del municipio de Sinaloa de Leyva, situado en los linderos con Chihuahua. Puros caseríos de adobe dispersos en esas alturas de pinares y encinos.


Y de repente, los disparos

Era viernes 1 de junio. Por la mañana, la familia había salido de la comunidad de La Joya de los Martínez –donde reside Adán– rumbo a Ocuragui, pues ahí las dos jóvenes profesoras rurales fueron a presentar un informe a las oficinas de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Aprovecharon para comprar mercancía y visitar a la parentela de allá.

De regreso a La Joya, ya oscuro, a eso de las nueve de la noche, fue cuando aparecieron repentinamente los militares en el camino y empezaron a dispararles, derrumbando a Adán, quien batido en polvo y sangre se arrastraba en el suelo, intentando accionar su radio para pedir auxilio a sus hermanos y vecinos.

“Yo traía mi radio y lo aplastaba con las piernas y con la boca. Finalmente pude comunicarme. Luego vi que llegaron a auxiliarme mis hermanos y mis vecinos”, cuenta.

Moisés y Eligio –hermanos de Adán– llegaron rápidamente al lugar, acompañados por un grupo de lugareños.

Relata Eligio:

“Lo primero que vimos fue a mi cuñada Griselda muerta, también a su hija Grisel. Acribilladas por los soldados. Éstos eran unos 20. Se movían de un lado a otro. Tenían dos Hummer estacionadas. ‘¿Por qué les dispararon?’, les preguntamos. Uno de ellos nos contestó: ‘Un niño que venía arriba en la camioneta fue el primero que nos abrió fuego’. Les dijimos que eso era una vil mentira, pues nadie llevaba armas y nosotros somos gente de paz.

“Empezamos a recoger a los seis heridos, entre ellos mi hermano Adán. Todos estaban desangrándose por las balas. Urgía llevarlos a un hospital. Los envolvimos en cobijas y los metimos a tres camionetas para llevarlos a algún hospital de Culiacán, que está a cinco horas de camino.”

–¿Los soldados les dieron auxilio?

–No. Sólo nos dijeron que iban a llamar a un helicóptero, que lo esperáramos en la comunidad de Los Alamillos. Ahí recogería a los heridos. Otra mentira más. En Los Alamillos había más soldados. Durante dos horas esperamos al helicóptero, que nunca llegó. Seguimos nuestro camino.

“Más adelante, en El Tigrito, nos para un convoy militar. Eran varios soldados que iban en tres Hummer y una Dodge Ram. ‘Déjennos pasar, llevamos gente herida’, les suplicamos. Pero no nos hicieron caso y nos sometieron a una revisión que duró casi una hora. A partir de ahí nos escoltó una Hummer repleta de soldados.

“En Surutato nos retuvo otro convoy. Luego otro más en Los Tepehuajes. Aquí ya era un camión de esos grandotes del Ejército. La cosa es que nos iban detiene y detiene. Mientras que los heridos iban desangrándose. Les poníamos trapos para detener las hemorragias.”

Fue en la comunidad llamada Sitio de Arriba –platica Eligio– cuando por fin aparecieron dos ambulancias, en las que subieron a los heridos.

“Ahí un médico los examinó. Y nos dijo que en el camino habían muerto mi hermana Alicia y mis sobrinos Edwin y Juana, los otros dos hijos de Adán. Yo en el camino ya sospechaba que mi sobrinita Juana estaba muerta, porque la sentía rígida y fría. Quizá no hubieran muerto si los hubieran atendido a tiempo”, se lamenta Eligio.

–¿Cuánto tiempo tardaron en llegar al hospital?

–Llegamos casi a las seis de la mañana del sábado. Tardamos como nueve horas en llegar. El Ejército nos estuvo bloqueando el paso.

Así, cinco fueron los muertos. Y al Hospital General de Culiacán sólo llegaron con vida Adán, su sobrino Josué Carrillo y la profesora Teresa Flores.

El director del nosocomio, David Rubio Payán, señala que “todos llegaron heridos de bala”. A Teresa –con el tórax derecho perforado– se le envió a terapia intensiva y se le puso un respirador artificial. El niño Josué “fue herido de proyectil en el glúteo derecho”. Mientras que Adán tiene destrozados los antebrazos y está en cirugía plástica y reconstructiva.

–¿Saldrán todos con vida?

–Sí. La evolución ha sido satisfactoria. Inclusive, les estamos dando apoyo psicológico.

Con los brazos vendados y una gasa cubriéndole el ojo derecho, Adán convalece en el área de traumatología. Deshecho psicológicamente porque, en un instante, el Ejército le acribilló a su esposa, a sus tres hijos y a su hermana. Ni siquiera pudo asistir al sepelio.

“Que se haga justicia. Que se repare todo el daño que se nos hizo. Qué otra cosa puedo pedir”, balbucea en su cama.


Dudas razonables

El lunes 4, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que ya fueron consignados 19 soldados –tres oficiales y 16 elementos de tropa– como presuntos responsables de los crímenes. Estos militares pertenecen, dijo, al 24 Regimiento de Caballería Motorizado.

A través de un boletín, agregó que los soldados fueron internados en la prisión militar de Mazatlán, donde quedaron a disposición del Juzgado Militar adscrito a la Tercera Región Militar.

Señala el boletín:

“La Procuraduría General de Justicia Militar integró y determinó una averiguación previa, en estrecha coordinación con las autoridades civiles, acreditando la existencia de elementos que hacen probable la responsabilidad de dicho personal del delito de violencia contra las personas.”

La Sedena removió incluso al general Arturo Olguín Hernández, comandante de la Novena Zona Militar, circunscripción en la que ocurrieron los hechos. Fue sustituido por Rolando Eugenio Hidalgo Eddi.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está investigando el caso a través de tres visitadores adjuntos y un perito médico que permanecen en Sinaloa. El viernes 8, el organismo informó en un boletín que, de acuerdo con sus pesquisas, “las personas fallecidas y lesionadas no dispararon armas de fuego de ningún tipo”.

Así mismo, la CNDH pidió a la Sedena “información acerca de la identidad con nombres y cargos de los presuntos responsables”; también sobre las “diligencias realizadas hasta el momento” por la justicia militar, con el fin de “esclarecer por completo lo ocurrido”.

En el lugar de la masacre, la CNDH asegura que encontró “cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica”. Por lo que le pide a la Sedena los resultados de los exámenes de laboratorio aplicados a los 19 soldados, “relativos a alcoholemia cuantificada y panel de drogas en sangre y orina, ya que al personal actuante de la CNDH no le fue permitido realizar directamente dichos exámenes”.


Víctimas de la militarización

Algunos luchadores sociales de Sinaloa, como Óscar Loza y Federico Sauceda, también suponen que los militares asesinos actuaron bajo el influjo de la droga o el alcohol:

“¡Caray!, esos soldados estaban al lado de un camino, por donde obviamente pasan vehículos. No es posible que hayan disparado en su sano juicio… Quizá el efecto de alguna droga o del alcohol los llevó a matar a la familia. No encuentro otra explicación razonable”, señala Sauceda, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.

Óscar Loza –cuyo período al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó la semana pasada– señala que “las comunidades serranas ya se venían quejando porque los soldados, en estado de ebriedad, solían disparar sus armas. Los acusaron incluso de haber incendiado una de las lomas de por ahí”.

Al igual que la CNDH, Loza y Sauceda exigen que se den a conocer los nombres de los 19 soldados detenidos, pues de lo contrario no resultará confiable la investigación de la Procuraduría Militar. Es más, indican que es la justicia civil la que debe investigar el caso, ya que la militar se convierte en “juez y parte”.

¿La Procuraduría General de la República (PGR) abrió ya una averiguación previa? ¿Quién la está integrando? ¿La PGR llamará a declarar a los 19 soldados? No se sabe.

El delegado de la PGR en Sinaloa, Miguel Ángel Campos Ortiz, ha guardado el más completo hermetismo.

Ni siquiera recogió la camioneta Ford, placas TW 48927, que sigue tirada en el barranco. A varios días del crimen, en el escenario siguen todavía esparcidos los zapatitos ensangrentados de los niños, una caja de cartón que contiene frutas y papeles con material didáctico que pertenecía a las maestras.

Óscar Loza indica que el vehículo tiene siete impactos de bala en el parabrisas, y otros 17 en el costado derecho. Los medios locales especulan que los disparos fueron con rifles M-16.

Dice Sauceda:

“A la PGR le corresponde investigar, porque las víctimas fueron civiles. Pero si no recogió el vehículo para practicarle las diligencias de rigor, pues menos va a llamar a declarar a los militares. Está dejando que se contamine la escena del crimen, que desaparezcan huellas y objetos. ¡Algo tan fundamental en cualquier investigación!”

–¿Será por simple negligencia?

–Podría serlo. O bien, se intenta encubrir al Ejército. Ahí está el ejemplo reciente de la anciana muerta en Zongolica.

Lo cierto es que el asesinato de esta familia se dio en el marco de la fuerte militarización, impuesta por el presidente Felipe Calderón para combatir el narcotráfico a nivel nacional. Aquí, desde principios de año, se implantó la llamada Operación Triángulo Dorado, porque abarca a los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Se dice que a la Novena Zona Militar, que contaba con 3 mil efectivos, se le enviaron 7 mil elementos de refuerzo para impedir el tráfico de droga, controlado en la región por el cártel de Sinaloa.

Mercedes Murillo, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, señala:

“El único antecedente en Sinaloa de esta fuerte militarización fue la llamada Operación Cóndor, realizada en los años setenta. En aquel tiempo también se puso al Ejército a combatir al narcotráfico. Pero entonces era sólo en las zonas rurales, y ahora se está dando también en las urbanas.”

–¿Es efectiva la Operación Triángulo Dorado?

–No tiene ninguna efectividad. Es puro circo. Aquí en Culiacán, en pleno centro, ya es común ver desfilar a 10 o 20 tanquetas del Ejército. Nunca se vio algo semejante. Pero esto no sirve de nada, pues en nuestras calles no va aterrizar ningún avión cargado de droga.

“El gobierno federal piensa que todos los sinaloenses somos narcos. ¡Caray!, la mayoría somos gente honrada y trabajadora. Y cometió un error gravísimo al habernos mandado al Ejército, que no sirve para luchar contra los narcotraficantes.”

Mercedes Murillo se encoge de hombros y exclama:

“¡Mire! En lo que está parando todo; el Ejército asesinando a mujeres y niños inocentes. ¡Masacrando al pueblo!”

Hayan estado drogados o no, lo cierto es que los soldados abrieron fuego contra civiles indefensos, y les entorpecieron el paso cuando los llevaban al hospital A PESAR de que con una llamada de radio a los retenes se hubiera podido evitar que retrasaran NUEVE HORAS la llegada al hospital, lo cual indica CLARAMENTE que la intención era hacer todo lo posible por que las víctimas murieran y así evitar que hubiera testigos presenciales de esta masacre.

Aquí la responsabilidad ya no es de 19 soldados. Es de TODA la organización militar que hizo todo lo que pudo por retrasar la atención médica de los civiles acribillados. Por lo tanto, quienes deben de ir a la cárcel por esta masacre son dos personas:

1. Guillermo Galván Galván, secretario de la defensa nacional.
2. Felipe Calderón Hinojosa, USURPADOR de la presidencia de la república.

Los dos deben de estar tras las rejas ya que los dos son los responsables de estar militarizando al país.

Por esto y mucho mas es un honor estar con Obrador.