Las principales áreas que han estado en la mira son la comercial, financiera, tributaria, privatizaciones y laboral.
Por Javier López Osorio/ Cambio de Michoacán.
El contexto de la pretendida reforma petrolera se localiza dentro de la lógica privatizadora neoliberal de las llamadas reformas estructurales, las cuales abarcan campos sociales y económicos de la vida nacional. Lo que sigue es un intento de sistematizar una definición de las reformas estructurales o ajuste estructural, observando su impacto y resultados en nuestro país.
En cuanto a su definición, tenemos que la llamada reforma estructural ha sido cobijada con diferentes significados. Todos aceptan que
es un cambio o transformación en aspectos estructurales, es decir, de base y fundamentales. Los tecnócratas hablan pomposamente de un «modelo de desarrollo basado en la protección de los mercados nacionales (sic) y donde la intervención estatal es reemplazada por un conjunto de políticas orientadas en forma dominante hacia el propósito de mejorar la eficiencia, facilitando el funcionamiento de los mercados y reduciendo los efectos distorsionantes de la intervención estatal en las actividades económicas» (BID y BM).
Estas medidas se han llevado a cabo en México (y la región latinoamericana), durante casi tres décadas, siguiendo en gran medida las directrices del «consenso de Washington», y cuyo principal objetivo ha sido facilitar el funcionamiento de los mercados y dejar las actividades productivas al sector privado.
En palabras llanas, podemos señalar que la finalidad de las reformas estructurales, en esencia, es la transformación fundamental del sistema público, sustituyéndolo total o parcialmente por uno privado. Bajo el principio básico de la economía de mercado, donde «el Estado debe dejar la actividad productiva al sector privado»; achicamiento y expansión, respectivamente. Para ello existen una serie de medidas desregulatorias y de liberalización económica, que como veremos vienen atentando directamente contra el bienestar y la calidad de vida de la población mexicana.
En México las principales áreas que han estado en la mira de las reformas estructurales son la comercial, financiera, tributaria, privatizaciones y laboral. Demos un pequeño vistazo a ellas, siguiendo algunas lecturas a este respecto:
Reforma energética. Tendiente a cambiar el marco constitucional para que el capital privado intervenga en su generación, manejo, explotación y propiedad, además en su distribución y venta. Bajo la óptica neoliberal internacional y sus corifeos mexicanos actualmente en el poder, con la argumentación de que el gobierno es incapacidad de modernizar los procesos de producción y distribución de luz, gas y petróleo, dado que no puede distraer recursos de atención social, a la modernización de la industria energética nacional, y según ellos, las empresas no son rentables. Con lo que esperan compras a precio de remate.
Reforma laboral. Dirigida a terminar con las conquistas históricas de los trabajadores. En suma va destinado a modificar las leyes de trabajo, tribunales laborales, salarios mínimos, prestaciones y seguridad social, sindicatos, eliminando todo «privilegio» en aras de la productividad. Aumentando con ello la vulnerabilidad laboral, la orfandad en su defensa, mayor desempleo y, sujeta la oferta y la demanda laboral (mercado laboral), y sin seguridad social garantizada. Dentro de estas reformas se incluyen las relacionadas con las pensiones y salud, que estamos conociendo con los pretendidos cambios a la Ley del ISSSTE y las realizadas al IMSS. Incluyendo la individualización de las cuentas de retiro dentro de una lógica de libre mercado e incorporación al sector privado en los sistemas estatales de salud.
Reforma fiscal. Referida al reconocimiento de sistemas fiscales de tasas altas y elevada evasión, que lastiman las finanzas estatales. Que no prospera en tanto las grandes empresas sigan siendo privilegiadas con tasas bajísimas o exentas de impuestos; evasoras principales de este pago.
Reforma a la seguridad. Destinada a darle al Estado mayores poderes de control social, bajo la argumentación de la protección del ciudadano, su persona y sus propiedades. Ya hemos sido testigos de las verdaderas intenciones de este tipo de reformas, que menoscaban las garantías individuales y sociales, consagradas en nuestra Constitución.
Reforma educativa. Encaminada a cambiar el concepto educativo de derecho a servicio, con la intención de crear las condiciones para su paulatina privatización; incluyendo modificaciones sustanciales a los planes de estudio, ya denunciadas con la pretendida reforma a la educación secundaria. Incluidas la evaluación, certificación y otras aberraciones.
Reforma financiera. Instrumentación a través de la devolución de los bancos a los inversionistas privados, permitiendo el servicio de la banca por parte de extranjeros, la privatización bancaria ha sido una experiencia dolorosa para la economía mexicana; recordemos el Fobaproa. Los análisis indican una grave represión financiera (medida por la presencia de altas tasas de interés negativas en términos reales) que ha afectado adversamente el crecimiento y la productividad. Además ha quedado demostrado igualmente que la liberación financiera viene conduciendo a crisis recurrentes del sistema.
Reforma comercial. Basadas en la apertura de mercados, siendo muy conocida por todos, así como los resultados desastrosos en la estructura productiva del campo mexicano y la planta productiva, la pérdida de soberanía alimentaria y el deterioro alarmante de nuestros recursos naturales. Lo que demuestra que el supuesto crecimiento fue temporal, no permanente, dejándonos en una notoria indefensión ante los embates de los grandes capitales transnacionales.
Reforma de minorías. Referida principalmente a las poblaciones indígenas, bajo una óptica racista y opresiva. Pretendiendo su «integración a la vida nacional», y no que sean sujetos de su propio desarrollo. De lo cual hemos hablando extensamente en esta columna (16 de abril de 2008).
En México existe un amplio descontento social en torno a estas pretendidas reformas. Varios estudios han demostrado que uno de cada diez mexicanos piensan que la situación económica es mala o muy mala, tan sólo una octava parte cree que la situación económica futura va a mejorar, y cuatro de cada cinco perciben que la pobreza ha aumentado en los últimos quince años. Descontento que se ha agravado en los últimos años.
Los efectos de las reformas han sido devastadores en muchas áreas, disminuyendo el desarrollo económico y el bienestar social, existiendo una mayor concentración del ingreso y una menor distribución de la riqueza. Además de que los patrones actuales de crecimiento y globalización ensanchan las disparidades de los ingresos. Presentándose un estancamiento económico, una franca recesión y un aumento de la pobreza. Siendo prueba contundente de que las reformas han sido ineficientes y contraproducentes en nuestro país.
La voracidad del capitalista no tiene medida, busca extender sus ganancias a ultranza y sobre todo. Que aunado a la alta corrupción gubernamental han creado el fracaso rotundo en la imposición de los ajustes estructurales en México. El objetivo de las políticas gubernamentales de mayor estabilidad económica, más inclusión social y una mejor distribución del ingreso, no se han cumplido. Se requiere necesariamente un nuevo orden institucional nacional e internacional que limitaría el papel de los mercados y ponga freno a las tendencias de globalización/privatización, que mayores desigualdades y pobreza han generado. Este ha sido nuestro aprendizaje.
Cabos sueltos
Viene un nuevo intento de regreso del chupacabras a la escena política nacional, sumándose a la cargada privatizadora para el «bienestar y desarrollo», a la autocomplacencia y el golpeteo; pero en verdad entuerto no de una «década perdida», sino de 26 años;
cinco presidencias disipadas de neoliberalismo entreguista, antinacional y generador de la mayor pobreza existente en el país. El debate reinicia.
