Por Redacción SDP
“Alrededor de 70 por ciento de las actividades de Pemex (Petróleos Mexicanos) en exploración y producción ya las realizan otras empresas”, dijo la secretaria de Energía del gobierno de Calderón, Georgina Kessel en la cumbre de negocios que actualmente se celebra en Monterrey.
La funcionaria informó, según el diario La Jornada, “que los contratos que firmará el gobierno federal con compañías privadas, al amparo de la reforma aprobada el mes pasado por todos los partidos políticos representados en las dos cámaras del Congreso, incluirán la posibilidad de ‘hacer un pago adicional’ al contratista privado, en función del éxito del proyecto”.
Para La Jornada, en su editorial institucional del martes 11 de noviembre, “tal aserto representa una confesión de ilegalidad, un reconocimiento de que la reforma petrolera recientemente aprobada, y aún no promulgada, simplemente busca regularizar una práctica ilícita, y una admisión de que el laberíntico proceso que condujo a su aprobación ha sido una simulación y una impostura del gobierno federal y de sus aliados en el Congreso”.
El diario dirigido por Carmen Lira subraya que “la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, aún vigente, afirma que ‘sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera (la cual) abarca (entre otras cosas) la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación’. Es decir, el gobierno actual y los precedentes han venido violando en forma deliberada y reiterada la Carta Magna y la ley reglamentaria –lo que conlleva una gravísima responsabilidad política–, y las reformas referidas han sido una mera forma de dar cobertura legal a una situación de facto a todas luces ilícita”.