GUANAJUATO
Haidde Patricia Garrido Castillo presentó ayer una denuncia pública, una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y una queja ante la Secretaría de la Gestión Pública, por presunto acoso sexual en su contra cometido por el ex diputado del PAN Carlos Alberto Robles Hernández, hasta ayer, director de Apoyos Sociales de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Secretaría Particular del gobernador del estado.
La denunciante, trabajadora en la Secretaría Particular del gobernador Juan Manuel Oliva, fue respaldada -a petición suya- por el Grupo Parlamentario del PRI, particularmente por la diputada Bárbara Botello Santibáñez, vocal de la Comisión de Equidad de género en el Congreso local.
Garrido Castillo, quien es dentista, comentó que decidió hacer público su caso luego de que sus quejas al interior del gobierno del estado no encontraron eco y la situación ya se tornaba insoportable.
Dijo haber recurrido al secretario particular del gobernador, Román Cifuentes Negrete; a la esposa del gobernador Martha Martínez Castro y a la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), Luz María Ramírez Villalpando, así como a sus jefes inmediatos, quienes simplemente le aconsejaron calma porque el asunto se iba a resolver, pero como no hicieron nada para ello, también los involucra en su queja ante la Gestión Pública.
En ambas quejas formales, Patricia Garrido autoriza para notificaciones a la diputada Bárbara Botello Santibáñez, quien le ofreció pleno respaldo al igual que los diputados Arnulfo Vázquez Nieto, Antonio Chávez Mena y Amador Rodríguez Leyaristi, este último responsabilizó al gobernador de la seguridad de la trabajadora denunciante y de su familia, pues ella misma externó que tiene temor que por su denuncia, sufra de represalias.
LOS HECHOS
Garrido Castillo señala en sus denuncias, que desde tres meses antes de la culminación de la anterior administración estatal, ingresó a laborar al área de Atención Ciudadana de la Secretaría Particular y en el mes de octubre de 2006, ya con la nueva administración que encabeza Juan Manuel Oliva, comenzó a trabajar también Carlos Alberto Robles Hernández.
A partir de entonces, dice, el citado funcionario se ha dedicado "a hostigarme sexualmente abusando de su posición de coordinador, de que hoy estoy laboralmente bajo sus órdenes y de la protección política de que goza al llevar una carrera política dentro de PAN".
Apenas 20 días después de su ingreso laboral, relató, Robles Hernández comenzó el acoso, acariciando sus manos, saludando de manera efusiva con besos cercanos a su boca, buscando siempre el contacto físico y haciéndole comentarios al oído, además de "mandarle besos", guiños de ojos y miradas escudado en el monitor de su computadora.
Un par de veces le siguió a la cocina, dijo, otra en el baño para acorralarla e intimidarla con comentarios molestos como "¿por qué tan solita?", "¿qué, la pongo nerviosa?", "no se ponga roja", etcétera, e incluso una vez se le abalanzó porque "necesitaba" un abrazo suyo.
Relató la denunciante que le comentó de los hechos a su esposo, quien una vez llegó a la oficina y cuando se fue, Robles Hernández se le acercó para decirle en voz muy baja "¿me puedes decir para qué me traes ese pendejo aquí?", además de que increpaba a los compañeros varones que platicaban con ella.
Incluso le llegó ella a mencionar, dijo, que pensara en su esposa y su hija, a lo cual, molesto, decía que "a ellas ni me las menciones", y así se llegó la cena baile de navidad 2006, cuando se vio presionada a bailar con su jefe Robles Hernández, pero "en determinado momento del baile, sentí su órgano sexual rozándome por detrás", por lo cual reaccionó furiosa y le pidió una explicación de qué pasaba, sólo para recibir de respuesta "¿situación de qué?".
Finalmente, salieron de vacaciones y al regresar la actitud de Robles Hernández había cambiado radicalmente, lo cual, pensó, fue gracias a que se dio cuenta que con ella no iba a obtener nada; sin embargo, a partir de entonces comenzó a hostilizarla laboralmente, a diario.
De nueva cuenta lo enfrentó, dijo, hasta preguntarle qué es lo que quería y como respuesta recibió un "que te vayas", y ante eso, molesta, se fue con la directora de Atención Ciudadana, María de los Ángeles Pérez Méndez para exponerle su situación, pero antes de que pudiera hablar, Robles Hernández se adelantó para decirle a la funcionaria que Garrido era muy mal elemento, pero tampoco le dio espacio para ella exponer su problema.
Incluso, relató, un compañero le habló posteriormente a su casa para decirle que otra trabajadora de la Secretaría Particular le comentó a él que había pasado por algo similar, que también la quiso abrazar y que ella reaccionó dándole un codazo muy fuerte; al día siguiente habló con esta persona quien le reafirmó los hechos, pero también le dijo que no iba a decir nada.
LE PIDEN SILENCIO, LE DAN ESTAMPITAS Y LE OFRECEN PRÉSTAMO
Ante la difícil situación y con miedo de perder su empleo, relató que fue a pedir apoyo a la señora Martha Martínez Castro de Oliva, quien la recibió el 16 de enero de este año a las 11 de la mañana en el DIF y le dijo que "se iban a tomar cartas en el asunto" que incluso "el señor gobernador ya estaba enterado" y le insistió que no dijera nada a los medios de comunicación "por el problema que pudiera traer a la imagen del gobernador", sin embargo, a la fecha, más de un mes después, no ha hecho nada para resolver el problema.
Días después acudió con Dafne Torres Quintero, directora de Administración de la Secretaría Particular para contarle la situación y le hizo el comentario de "¡ah, Carlitos!" y hasta le hizo un comentario muy personal de él.
También le dijo que tomaría "cartas en el asunto", le pidió disculpas "a nombre del PAN" y le adelantó que pondría al tanto a Román Cifuentes, le dijo que no se preocupara y hasta le dio una estampas religiosas y le preguntó si era creyente porque hay pruebas y hay que tener fe.
Finalmente, Román Cifuentes le pidió una explicación y luego de decirle todo, sólo le pidió que no lo denunciara ante los medios de comunicación porque eso afectaría al gobernador y se debe llevar el tema de la manera "más discreta" porque todo se iba a resolver, pero nada.
Finalmente, el 8 de febrero fue a ver a la directora del IMUG, Luz María Ramírez Villalpando, quien luego de enterarse del caso le dijo que vería la manera de que hablara con el gobernador para exponerle directamente el asunto, que buscaría que le dieran un préstamo para poner un consultorio o que buscarían su reubicación, pero sobre todo le recomendó que no se le ocurriera acudir con Bárbara Botello, pero como no se resolvió nada, precisamente eso hizo.
Finalmente, la denunciante expuso su temor por perder su trabajo, pero sobre todo que necesita protección para que no se tomen represalias en su contra, de su familia, y sus bienes.