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Spots: la punta del iceberg
El asunto de los 280 mil spots (promocionales) no reportados correctamente por los partidos y los candidatos es la punta del iceberg. De ser exacto el monitoreo ordenado por el IFE (existe un diferendo sobre la metodología y la muestra utilizada) estaríamos frente a un elefante de casi mil millones de pesos que entró de contrabando por la puerta de atrás al circo de la elección presidencial, pero que nadie vio, olió o escuchó. ¿De qué hablamos? Del doble del Pemexgate, del triple de Amigos de Fox y de la mitad de los dólares incautados al chino de las Lomas.
Pero, insistimos, es la punta del iceberg. El resto del cuerpo del delito debe también ser sometido a una autopsia:
a) 28 millones de llamadas telefónicas entre los meses de abril y junio de 2006 (un “barrido” al 40% del directorio telefónico de los 70 millones de números fijos y móviles existentes en esa fecha en el país), realizadas desde diversos call centers, con un costo estimado de 168 mdp (6 pesos por llamada de cinco minutos en promedio). Son millones de rings, rings Que nadie contabilizó, facturó o reportó, y que el 90% de ellas fue para aplicar push polls en favor de Felipe Calderón y punch polls contra AMLO.
b) Los promocionales del miedo y de la guerra sucia patrocinados por el CCE y organizaciones de la “sociedad civil” de dudosa identidad que estuvieron al aire los últimos dos meses de la campaña, con la misma intención política de las llamadas telefónicas, y que sumaron 138 mdp aproximadamente.
c) Los cursos de inducción al interior de diversas empresas para promover el “voto razonado” de casi tres millones de empleados, trabajadores y directivos, en diversas partes del país. El mensaje central de esos cursos, en boca de uno de sus impartidores, era claro: “Si AMLO gana, esta empresa cierra”. En términos de horas-hombre, estos cursos de propaganda electoral al interior de las empresas, que debieron ser fiscalizados, contabilizados y monitoreados por el IFE, porque constituyen una “aportación privada en especie”, expresamente prohibida por la ley, sumaron 70 mdp aproximadamente.
d) Los correos electrónicos enviados a 14 millones de cuentas-computadora que la FEPADE ubicó y documentó su origen en algunas dependencias del gobierno federal (oficina de la Presidencia, Secretaría de la Función Pública y Sagarpa, entre otras), pero que no sancionó “porque la ley castiga a quien hace propaganda con recursos públicos en favor de un candidato, pero no a quien hace propaganda contra otro”, es otra de las acciones que el IFE debió reportar, fiscalizar y monitorear. ¿Dónde está el informe correspondiente?
e) Pero el robusto tórax del cuerpo del delito lo constituyó el gasto publicitario del gobierno de Fox en 2006. Hablamos de 3 mil mdp, entre tiempos oficiales, de Estado y publicidad pagada.
¿Cuánto suman estos rubros? ¡$4,376 mdp! ¿Acaso ninguno influyó en el 0.54% de diferencia oficial entre Calderón y AMLO? ¿Quién debió monitorearlos, fiscalizarlos y reportarlos? Esta campaña paralela del gobierno federal y de los poderes fácticos, ¿quién va a pagar y a responder por ella? ¿De forma y de fondo, no estamos en presencia de un fraude de cuarta generación, cuando apenas estamos hablando de impulsar una reforma política de “tercera generación”? ¿Se puede adulterar la soberanía popular o ciudadana y sólo pagar una multa por ello? ¿Cuánto cuesta violar la soberanía nacional de México?
Es de sobra conocido el argumento legaloide del Consejo General del IFE para hacerse de la vista gorda frente a los otros elefantes que, al igual que los 280 mil promocionales, entraron de contrabando a ese circo pestilente y desaseado que fue la elección presidencial: “Carecemos de facultades para sancionar a esos actores”.
Mostrarse como un árbitro chimuelo y desdentado frente a los poderes fácticos, pero enseñar fauces de tiburón frente a los partidos por 280 mil promocionales presuntamente no reportados, ésa no es justicia electoral. Es sevicia o venganza. Si se incurrió en tal omisión, habrá que sentar ya en el banquillo a la impresentable partidocracia mexicana y a su cómplice electrónico, la videocracia.
Pero si el IFE realiza la autopsia únicamente de la mano y busca deshacerse del resto del cuerpo del delito —incinerando la evidencia central, que son las boletas electorales—, a quien habrá que juzgar inmediatamente después es al árbitro. Los 280 mil promocionales no fiscalizados son una prueba contundente de que la pasada elección presidencial estuvo plagada de irregularidades. Son el mejor argumento para no destruir las boletas, permitir un recuento ciudadano y cambiar urgentemente al árbitro omiso que se percató de sendas irregularidades con un año de retraso.
(enlace a nota original)
