¿A qué le teme Televisa? A que la gente comience a luchar por la liberación de los medios de comunicación y que éstos sean otorgados al pueblo y para el pueblo.
Un ejemplo claro se presenta el domingo 27 de mayo, cuando termina la concesión del canal RCTV (Radio Caracas Televisión) de Venezuela, donde Marcel Granier y la familia Phelps (quienes hasta este día cuentan con la concesión del canal), se han enriquecido con la gestión de dicho medio. Este acto va a dar paso a la implantación de medios de comunicación de servicio público.
Esto personifica un peligro no sólo para los medios privados de este país sino que representa un ejemplo de sublevación para los pueblos de América por lo que los medios de comunicación nacionales e internacionales, regidos por el régimen neoliberal, han iniciado una campaña pro-satanización de la decisión de no renovar la concesión acusando este hecho de atentar contra la libertad de expresión. Ahí está la clave.
La concesión de RCTV se termina el domingo y el gobierno Venezolano simplemente no está otorgando la renovación de dicha concesión (lo cuál se encuentra dentro de sus facultades), lo que no quiere decir que esté quitándole sus derechos ya que dicho gobierno puede distribuir las concesiones de manera que queden equitativamente distribuidas y que sean de uso público.
Luego entonces, se inicia una batalla mediática por lograr la desinformación y “agarrarse de los receptores cómodos” en un modelo informativo que no deja lugar para ideas que se replanteen el neoliberalismo o el mercado dentro de los medios de comunicación.
La televisión y otros medios de comunicación se han convertido en un espacio de manipulación y de adquisición de ganancias a costa del dolor ajeno, de concesiones gubernamentales y de “darla circo al pueblo” sin importar si es o no la voz de éste.
El imperio siempre va a tratar de velar este derecho y lo consigue dando concesiones a empresas que sirvan a sus fines. Como ejemplo tenemos la llamada Ley Televisa, la cual no sólo da más poder al duopolio Televisa-TV Azteca, sino que prácticamente bloquea toda posibilidad de creación de nuevas estaciones y el cierre de otras tantas si no cumplen “ciertos requisitos”.
Un ejemplo claro se presenta el domingo 27 de mayo, cuando termina la concesión del canal RCTV (Radio Caracas Televisión) de Venezuela, donde Marcel Granier y la familia Phelps (quienes hasta este día cuentan con la concesión del canal), se han enriquecido con la gestión de dicho medio. Este acto va a dar paso a la implantación de medios de comunicación de servicio público.
Esto personifica un peligro no sólo para los medios privados de este país sino que representa un ejemplo de sublevación para los pueblos de América por lo que los medios de comunicación nacionales e internacionales, regidos por el régimen neoliberal, han iniciado una campaña pro-satanización de la decisión de no renovar la concesión acusando este hecho de atentar contra la libertad de expresión. Ahí está la clave.
La concesión de RCTV se termina el domingo y el gobierno Venezolano simplemente no está otorgando la renovación de dicha concesión (lo cuál se encuentra dentro de sus facultades), lo que no quiere decir que esté quitándole sus derechos ya que dicho gobierno puede distribuir las concesiones de manera que queden equitativamente distribuidas y que sean de uso público.
Luego entonces, se inicia una batalla mediática por lograr la desinformación y “agarrarse de los receptores cómodos” en un modelo informativo que no deja lugar para ideas que se replanteen el neoliberalismo o el mercado dentro de los medios de comunicación.
La televisión y otros medios de comunicación se han convertido en un espacio de manipulación y de adquisición de ganancias a costa del dolor ajeno, de concesiones gubernamentales y de “darla circo al pueblo” sin importar si es o no la voz de éste.
El imperio siempre va a tratar de velar este derecho y lo consigue dando concesiones a empresas que sirvan a sus fines. Como ejemplo tenemos la llamada Ley Televisa, la cual no sólo da más poder al duopolio Televisa-TV Azteca, sino que prácticamente bloquea toda posibilidad de creación de nuevas estaciones y el cierre de otras tantas si no cumplen “ciertos requisitos”.
