(por Víctor Hdz)
El Universal da a conocer el día de hoy que funcionarios de la administración de Fox involucrados en el Toallagate siguen trabajando en el gobierno federal. ¿Pues no que "mano firme" contra la corrupción?
Implicados en ‘toallagate’ mantienen cargos federales
Aunque estuvieron suspendidos y una funcionaria pagó una multa por 16 mil 63 pesos, con Fox volvieron a sus puestos y en la actual gestión federal tres de ellos tienen altos nombramientos
TEXTOALBERTO AGUIRRE
El Universal
Lunes 29 de octubre de 2007
politica@eluniversal.com.mx
Una media docena de funcionarios federales involucrados en la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos volvió a incorporarse a sus funciones en la Presidencia foxista. Al menos tres gozan de buenos cargos en la actual administración, pese a que fueron señalados en actividades irregulares en la adjudicación de los trabajos de la casa presidencial, en la remodelación de las cabañas de Vicente Fox y Marta Sahagún.
María Isabel Jiménez Almaraz inició el sexenio de Vicente Fox como directora de Finanzas en la Presidencia de la República. El 9 de febrero de 2001 “prestó” 7 millones 900 mil pesos al Estado Mayor Presidencial (EMP), con el fin de que cubriera las “necesidades urgentes” del arquitecto Humberto Artigas del Olmo, a cargo de las obras en Los Pinos, de acuerdo con las auditorías que tiene EL UNIVERSAL.
Por la transferencia de esos recursos y conductas irregulares, la contadora pública debió pagar una multa de 16 mil 63 pesos y ser suspendida seis meses de sus funciones.
Según datos de las auditorías y las trayectorias de los funcionarios, se desprenden las sanciones y los actuales puestos en el gobierno federal.
Entre los funcionarios federales involucrados, Jiménez Almaraz fue la más castigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), después de la auditoría realizada a raíz de que se hizo público el llamado toallagate.
La entonces Secretaría de la Contraloría estableció las irregularidades en la asignación de los cuatro contratos para modernizar la casa presidencial, y realizó una investigación para determinar la gravedad de las conductas de funcionarios administrativos de la Presidencia de la República.
Inicialmente, investigó a los integrantes del Comité de Adquisiciones de Los Pinos y después procedió contra los presuntos responsables de las irregularidades.
De acuerdo con los procedimientos administrativos 42 y 43/2001, los castigos más severos fueron para Jiménez Almaraz; Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones en Los Pinos y Gustavo Cortés Valdés, coordinador de presupuesto y contabilidad, quienes también quedaron suspendidos seis meses de sus cargos.
A pesar de las irregularidades detectadas por los auditores, el staff administrativo de Los Pinos apenas si fue amonestado por el toallagate.
El principal responsable de la obra, Carlos Rojas Magnon, no fue castigado, mientras que ocho mandos medios de Los Pinos fueron responsabilizados de un fraude cometido por la empresa Humberto Artigas y Asociados, así como del daño patrimonial sufrido por el erario.
Rojas Magnon, de acuerdo con la auditoría, había incurrido en conductas sancionables, pero renunció a su cargo como coordinador administrativo el 27 de junio de 2001, un día antes de que se entregara el informe de la investigación.
“(Es responsable) al proponer la contratación, por adjudicación directa, ejerciendo funciones sin haber tomado posesión legítima del cargo y al haber suscrito los contratos”, subraya la auditoría.
Entre el resto de los responsables, ninguno recibió una sanción mayor a una suspensión de seis meses.
Cumplidas las sanciones, los funcionarios se mantuvieron en sus cargos y aún continúan laborando en el servicio público.
Jiménez Almaraz pasó a la dirección de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, mientras que Cortés Valdés terminó el sexenio como director de Programación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Eduardo Seldner Ávila, coordinador administrativo de la oficina ejecutiva, fue sancionado con tres meses de suspensión y después fue nombrado director de Finanzas y Presupuesto. Ahora es titular del Órgano Interno de Control del Consejo de Promoción Turística de México.
Samuel Zambrano, contralor interno y asesor en Los Pinos cuando el toallagate, fue suspendido 15 días de sus funciones y obligado a pagar una multa de 18 mil 148 pesos.
Coordinador administrativo de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Gabriel López Figueroa, representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, fue suspendido 45 días. Hoy es director de Normatividad Inmobiliaria en la Secretaría de la Función Pública.
Ah, pero eso no es todo. Además, luego de que no les querían dar la información en el IFAI, El Universal se encontró con que felipito le dio jugosos contratos a las encuestadoras que le hicieron sus encuestas cuchareadas: GEA y ARCOP. ¿Pues no que no se le debía pedir nada al gobierno? ¿No que los que esperaban todo del gobierno eran los renegados? Ah que panistas tan HIPÓCRITAS...
Contratan a consultoras usadas en transición
Al menos dos también recibieron encargos de AN en campaña de 2006
Lilia Saúl
El Universal
Lunes 29 de octubre de 2007
lilia.saul@eluniversal.com.mx
Las mismas empresas que ahora son beneficiadas con contratos por Presidencia de la República fueron también agraciadas durante el periodo del equipo de transición del Presidente de México.
Por diversas solicitudes de información presentada por EL UNIVERSAL y a las cuales tuvo acceso después de varios recursos de revisión presentados ante el IFAI, el Banco del Ejército (Banjército), que fuera fiduciario de los recursos del entonces equipo de transición, dio acceso a todos los contratos celebrados con empresas de consultoría, entre las que destacan Arcop, Gea y Asociados así como De la Riva Investigación Estratégica, SC.
Los contratos para distintas compañías dedicadas a estudios de opinión en el proceso de transición (antes de la toma de posesión del 1 de diciembre de 2006) sumaron 26 millones 534 mil 386 pesos, según la información proporcionada.
Estas empresas, además de mantener contratos con la actual Presidencia de la República, también han trabajado alguna vez para el PAN, especialmente Arcop y Gea-Isa.
En el periodo de transición fueron contratadas sin ningún concurso de por medio, es decir, sus contratos se otorgaron por adjudicación directa.
Entre los trabajos encargados por el entonces equipo de transición a distintas consultorías destaca el Estudio de medición del impacto en la opinión pública de las campañas que sobre energía ha llevado a cabo el gobierno federal durante los años 2005 y 2006, Programa de identidad para la Presidencia de la República y secretarías de gobierno, Consultoría en materia de seguridad y estado de derecho para la próxima administración del Ejecutivo Federal, entre otros estudios.
Los trabajos para el PAN
El 4 de febrero de 2006, una encuesta de Gea-Isa dio a conocer que Felipe Calderón, “nuestro candidato panista a la Presidencia, va a la delantera con 35% de las preferencias electorales entre los votantes que ya tienen definido su sufragio, empatado con el que ya está bajando en las encuestas, el candidato perredista Andrés López”, señalaba un comunicado de prensa del PAN en aquel entonces.
La empresa Arcop se ha denotado por ser, como dicen en la jerga de las empresas de opinión, como la “encuestadora del PAN”.
De hecho, esta encuestadora se encargó de dar a conocer la primera encuesta en la que Felipe Calderón superaba a Andrés Manuel López Obrador en preferencias electorales. En enero de 2006, Arcop dio a conocer que Calderón tenía 35% de las preferencias, mientras que López Obrador 33%.
Arcop también fue contratado por el PAN para dar a conocer otras encuestas, entre las que destacaron las que tenían que ver con los resultados que obtendría este partido en las elecciones para diputados y senadores, de la cual Arcop también señaló que ganaría la mayoría.
Contratos durante la transición
Calderón Hinojosa y su equipo de transición pagó a Gea y Asociados, durante el periodo del fideicomiso, alrededor de 2 millones 49 mil pesos, mientras que a Arcop le pagó un millón 702 mil pesos. A la empresa De la Riva le pagó 737 mil pesos.
Todos estos contratos se encuentran en uno de los 12 tomos que contienen la documentación del equipo de transición que se encuentra en Banjército.
La licenciada María del Carmen Urzainz Osorio fue designada por la delegada del equipo de transición para darle seguimiento a los contratos.
¿Se fijaron en el detalle? No les querían dar la información en el IFAI. ¿Por qué? Hombre, pues por que se hubiera notado que era pago por encuestas cuchareadas recibidas.
Una razón mas para apoyar al Peje.
