Se daría al Estado poder inaudito para combatir el crimen... y otras cosas, advierte Carrancá
Aberración jurídica, iniciativas del Ejecutivo sobre justicia: expertos
Por presiones de EU se pretende dejar los derechos humanos en el bote de basura, dice
Agentes de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco realizaron ayer un operativo conjunto en la zona metropolitana de Guadalajara, en el contexto del combate al crimen organizado Foto: Arturo Campos CedilloInvestigadores y especialistas en derecho constitucional advirtieron que de aprobarse las iniciativas sobre seguridad y justicia penal enviadas al Congreso por el presidente Felipe Calderón, para autorizar juicios sumarios, allanamientos, cateos, intervenciones telefónicas, e incluso arraigos, sin la autorización previa de un juez, desaparecería el estado de derecho. "Cualquier ciudadano podría ser acusado de algún delito, sin mayor prueba, al prevalecer la indefensión"; aseguran que estas propuestas obedecen a presiones de Estados Unidos.
Afirman que las iniciativas de reforma legislativa son "una aberración jurídica", porque se pretende actuar en contra de las garantías individuales al imponer el pragmatismo legal que aplican Estados Unidos y Colombia, el cual en los hechos ha demostrado su ineficiencia.
"Error de forma y fondo"
El constitucionalista Raúl Carrancá afirma que las propuestas federales son un "gravísimo error de forma y fondo", que otorgarían al Estado "un poder inaudito", que utilizaría para combatir la delincuencia, pero también para otras cosas, y "eso está demostradísimo, aunque pregonen y griten que no".
Se trata, argumenta, de una política equivocada que obedece a presiones de Estados Unidos para "soltar inversiones y apoyos económicos. Saco estas conclusiones porque los ministros de la Suprema Corte se han atrevido a decir que la cadena perpetua no es inconstitucional".
Con la integración de un código penal único y el otorgamiento de mayores poderes al Ministerio Público (MP), como demanda Calderón Hinojosa, los derechos humanos quedarían "en el bote de basura", destaca el jurista, para quien la cadena perpetua, entre otras medidas anunciadas, podría resolver por unos meses el problema de la delincuencia que enfrenta el Estado, "pero a la larga no ataca el problema de fondo".
En tanto, el doctor en derecho Clemente Valdés considera que se trata de "una peligrosa reforma, toda vez que hay medidas que ponen en riesgo garantías fundamentales, y podrían cometer atrocidades".
Elisur Arteaga Nava, constitucionalista e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirma que la iniciativa es "inconstitucional"; no se pueden ejecutar de forma unilateral acciones orientadas a la aplicación de la justicia sin consultar a la sociedad y alcanzar consenso, advierte.
"Cualquier reforma a la Constitución para permitir la aplicación de estas medidas significaría que, "con el pretexto del combate al narcotráfico, se fortalecerían las atribuciones de la Procuraduría General de la República, pero al mismo tiempo se acabaría con el estado de derecho y el respeto a la ley, pues con esas atribuciones no sólo se violan las garantías fundamentales, sino que estaríamos en peligro de ser acusados de cualquier delito", dijo.
Al respecto, Agustín Pérez Carrillo, profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco y especialista en derechos humanos y delitos políticos, señala que ante la "falta de legitimidad" del gobierno calderonista, es evidente que "de lo único que pueden agarrarse es de la fuerza pública y de la acotación de derechos para intentar legitimarse ante la sociedad, con una administración que en apariencia ejerce la mano dura, pero que en los hechos sólo es simulación".
La iniciativa presentada por Calderón -indicó- en realidad "recoge viejas propuestas que se han presentado sin mucho éxito ante el Congreso, como ocurrió con el ex presidente Vicente Fox, y que retoman de fondo las recomendaciones del ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, y su famosa tolerancia cero, con la que tampoco se logró el combate efectivo contra la delincuencia".
Asegura que es evidente que de aprobarse una iniciativa que pretende mantener en estado de "indefensión" a los ciudadanos, sería "totalmente violatoria de los derechos humanos, no sólo porque afecta a la población de forma directa, sino porque en realidad se deja intacta la corrupción de las instituciones, que es lo que en el fondo obstruye la aplicación de la justicia".
Pedro Isnardo, especialista en temas de seguridad nacional, refirió que con las medidas anunciadas lo único que queda claro es que a 100 días de gobierno, el mandatario aún está buscando construir una credibilidad política y social de su administración, con temas sensibles para los mexicanos y estrategias con un futuro poco promisorio.
Estas estrategias "no cuentan con la adhesión integral de todos los poderes, porque les falta pasar por el consenso del Legislativo y de los mandatarios, quienes no tienen claro si la iniciativa va al fondo contra aquellos gobernantes y representantes que tengan algún tipo de vínculo con el crimen organizado".
El propio felipillo, por cierto, RECONOCE que lo que propone restringe los derechos de los mexicanos pero "es legal."
En iniciativas enviadas al Congreso critica "benevolencia" de las medidas cautelares
Justicia expedita aunque se restrinjan derechos: Calderón
El Presidente busca que los delitos graves se juzguen máximo en un año y los no graves en cuatro meses
El arraigo efectuado por el MP deberá ser convalidado en tiempo breve por un juez, precisa
En su proyecto de reformas sobre seguridad y justicia, el Presidente plantea que la policía "pueda recibir denuncias y recabar evidencias físicas sin la camisa de fuerza que significa la subordinación al Ministerio Público" Foto: Alfredo DomínguezEn las iniciativas de Felipe Calderón para reformar los sistemas de seguridad y justicia penal del país se admite que las medidas propuestas en materia de investigación de delitos, y que pueden ser establecidas de manera unilateral por el Ministerio Público, son "restrictivas de los derechos fundamentales".
No obstante, afirma que aun cuando se impongan reglas, como prohibir salir de una demarcación territorial o "acercarse a uno o varios individuos", y vigilancia "a cargo de determinadas personas o instituciones", posibilitan una investigación expedita, "siempre en un marco de estricta legalidad".
Asimismo, se menciona que "en caso de delincuencia organizada, se excepcione la garantía individual consistente en solicitar que la pena se compurgue cerca del domicilio del reo", con el argumento de "la obvia razón" de que cumpla su sentencia en prisiones "que cuenten con la seguridad y las instalaciones necesarias para la protección de su integridad, disminuyendo los riesgos de fuga o violencia interna".
En la exposición de motivos de las iniciativas, Felipe Calderón asegura que "es imperativo revertir los índices de inseguridad pública e imprescindible que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones; que sienta la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que éste sea, se impondrá una sanción proporcional a la conducta, y que la víctima tendrá a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado".
"Enérgico llamado" a las fuerzas políticas
El mandatario hace un "enérgico llamado a todas las fuerzas políticas" para que aprueben sus propuestas, en las que critica la "benevolencia" de medidas cautelares, como la suspensión en el juicio de amparo, y estima cuestiones como "el arraigo, en la prohibición de salir de una demarcación territorial o en el aseguramiento de bienes".
Sin embargo -agrega-, "es claro que es indispensable ampliarlas". Considera también que dado su carácter de restricción de derechos fundamentales, deben ser incorporadas a escala constitucional".
Afirma que en caso de aprobarse las iniciativas de ley, un juez podrá imponer medidas restrictivas de la libertad a un presunto delincuente durante la "investigación de los delitos: arraigo, prohibibir abandonar una demarcación territorial y acercarse a una o varias personas", y el aseguramiento de instrumentos, objetos y productos del delito.
En el mismo párrafo de la iniciativa se mencionan garantías para las víctimas, y propone que exista "la restitución provisional de los derechos de los ofendidos (sin precisar a qué garantías se refiere), la protección de su integridad física y moral (sin señalar si se les dotará de nuevas identidades o escoltas ni durante cuánto tiempo).
En el documento se advierte que la aprobación de las modificaciones legales que permitirían a un juez establecer medidas cautelares, también posibilitarían al Ministerio Público tener las mismas facultades, exceptuando lo relativo al arraigo, ya que éste, aunque sea dictado de manera unilateral por la Procuraduría General de la República, sólo tendrá validez cuando, en un "tiempo breve", lo convalide un juez.
Según la iniciativa de Felipe Calderón, "la idea de que las medidas cautelares sean concurrentes tiene su fundamento en la propuesta de reforma al artículo 20, apartado B) fracción VI, de la Constitución, que autoriza a la víctima u ofendido a solicitarlas, lo cual podría hacer -a su elección- ante el Ministerio Público o ante el juez, sin necesidad de formalismos que hoy limitan mucho los derechos y la intervención de los sujetos pasivos del delito".
Y añade que su pretensión de que una autoridad judicial controle "diversos actos durante la investigación, es que sean revisados en cuanto a su legalidad por un órgano jurisdiccional, cuyas características principales son la independencia, la legalidad, la imparcialidad y la objetividad de sus decisiones", pues reconoce que "lo anterior permite el equilibrio entre las nuevas medidas cautelares en la indagación, "restrictivas de los derechos fundamentales", con la necesidad de proteger a la sociedad, a las víctimas u ofendidos, al posibilitar una investigación expedita, pero siempre en un marco de estricta legalidad".
Además, el proyecto enviado al Congreso de la Unión el pasado viernes incluye también una nueva catalogación de delitos en no graves y graves. La delincuencia organizada siempre estará en la última.
La intención del Presidente es que a partir de la aprobación de la iniciativa, los procesos penales por delitos no graves "tengan un máximo de juzgamiento de cuatro meses", y los graves, de un año, y sólo se ampliará el plazo si el inculpado lo solicita para recabar pruebas de su inocencia.
En ese sentido, una vez aprobadas las iniciativas como fueron enviadas, ya no habrá quien decida defenderse sólo con una persona de su confianza, pues ahora será obligatorio que cuente con un licenciado en derecho, y si no quiere o no puede pagarlo, el juez del caso le asignará un defensor de oficio, forzosamente.
En cuanto a la policía, el proyecto presidencial plantea que la corporación federal "pueda recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posiblemente delictuosos, sin la camisa de fuerza que significa una innecesaria subordinación jerárquica y operativa al Ministerio Público, sino únicamente contando con su conducción jurídica para construir los elementos probatorios que permitan llevar los asuntos ante los tribunales".
La aprobación del proyecto calderonista permitiría que "la policía actúe con la autonomía técnica y funcional necesaria y propia de su naturaleza, con facultades y atribuciones que, sin lesionar o molestar derechos sustantivos, permitan el conocimiento de los hechos aparentemente delictivos y la identificación del probable autor o partícipe.
"De esta manera, se abandona el concepto tradicional de que la policía se encuentra bajo la autoridad y mando inmediatos del Ministerio Público, sin que ello implique falta de control, toda vez que la autoridad ministerial continúa siendo la conductora, jurídicamente, de la investigación", supuestamente.
Además, en la iniciativa Felipe Calderón propone al Congreso la aprobación de facultades para que la PGR realice detenciones, allanamientos, cateos, intervenciones telefónicas y hasta arraigos sin la autorización previa de un juez, para perseguir la presunta comisión de delitos relacionados con el crimen organizado.
Y en lo que tiene que ver con la intervención de comunicaciones privadas, se argumenta que, "en ocasiones, acudir a la autoridad judicial dificulta o imposibilita la investigación", y considera pertinente que hasta después de que se realicen estas acciones, un juez,"de manera oficiosa, revise la legaldiad de las intervenciones y los cateos".
¿Saben quién fue el último en decir eso para justificar atrocidades violatorias de derechos humanos? Ni más ni menos que George Bush. Lo cual muestra nuevamente que el ESPURIO está actuando como PELELE de Washington.
Por cierto que los legisladores ya le tiraron un dedo a felipillo por esta intentona fascista y le dijeron (usando otras palabras) que se fuera a la goma:
Afirman PRD, PRI y PT que analizarán con cuidado la propuesta de Calderón
No permitiremos un Estado policiaco: legisladores
Legisladores y dirigentes de PRD, PRI y PT advirtieron que analizarán con todo detenimiento las reformas en materia de justicia y seguridad pública que Felipe Calderón envió al Congreso, ya que si bien están conscientes de la urgencia de mejorar el marco jurídico para el combate a la delincuencia organizada, no pueden avalar que se vulneren los derechos humanos con el espionaje telefónico, los cateos y allanamientos sin orden judicial.
En entrevistas por separado, los senadores perredistas René Arce y Ricardo Monreal señalaron que no deben permitir que el Estado mexicano se convierta en un ente policiaco, por lo que van a solicitar que su bancada estudie a fondo las reformas; de entrada, descartaron que se apruebe la propuesta de Calderón para que se intervengan conversaciones telefónicas privadas o se lleven a cabo cateos y allanamientos de domicilio sin orden de un juez.
Aunque se asegure que esas medidas se aplicarían sólo en el caso de la delincuencia organizada, el riesgo es que se generalicen y deriven en violaciones sistemáticas a las garantías individuales, agregó Arce, quien es secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
A su vez, Monreal adelantó que propondrá que expertos en la materia analicen la iniciativa junto con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, para dejar en claro su alcance y repercusiones. A su juicio, no deben aprobarse medidas que puedan violentar derechos humanos, menos cuando la Procuraduría General de la República (PGR) no es autónoma, sino que depende del Ejecutivo federal.
Qué garantiza -preguntó- que no se utilice la dependencia con fines de persecución política, como en el caso del desafuero a Andrés Manuel López Obrador. En la fracción del PRD se tendrá que valorar el riesgo de regresar a décadas pasadas, cuando se espiaban las conversaciones de los opositores o adversarios políticos, para amedrentarlos o presionarlos.
"Hay que dar todo el apoyo jurídico para el combate al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico, pero sin vulnerar los derechos humanos. No queremos que se llegue a un Estado policiaco", recalcó Arce Islas.
Por su lado, el petista Alberto Anaya calificó la iniciativa como preocupante y riesgosa, pues se puede convertir en el instrumento ideal para reprimir a la usanza nazi, como hizo la Gestapo en el pasado. Estamos en contra de aquello que implique echar las garantías constitucionales por la borda, pero valoraremos los aspectos positivos que la iniciativa pueda tener, subrayó.
Nosotros estamos en favor de que se combata el narcotráfico, pero se debe empezar por el mismo gobierno, pues sus funcionarios son los que están asociados a las bandas criminales y los que les dan cobertura en muchos municipios del país. A manera de ejemplo, refirió que en Durango, al empezar el operativo contra el tráfico de estupefacientes, el primero en ser detenido fue el subprocurador, por estar relacionado con las mafias.
En tanto, Ricardo Cantú, coordinador de los diputados federales del PT, señaló que los problemas de inseguridad y delincuencia no se resuelven con leyes más duras o que violenten los derechos humanos de los ciudadanos.
La mejor manera para propiciar el avance en el combate a la delincuencia es haciendo más eficiente a las policías en su trabajo de investigación, limpiándolas de la corrupción y sentando las bases para que la sociedad cada vez sea menos desigual. El desempleo y la pobreza propician la inseguridad, subrayó.
Mientras, Carlos Flores Rico, presidente de la Comisión de Imagen y Comunicación del Consejo Político Nacional del PRI, dijo que en ningún país la intervención de las comunicaciones privadas o la acción confiscatoria del Estado han sido métodos eficaces para el combate real al crimen organizado.
Agregó que la iniciativa presentada el viernes por Calderón tendrá buen impacto propagandístico, pero sin resultados concretos. "Estamos ante un plan burdo, poco inteligente y riesgoso para la libertad de los ciudadanos que no tenemos que ver con la delincuencia organizada", subrayó.
Lo que no dice el del PRI es que lo que propuso el PELELE no tiene nada que ver con el crimen organizado, sino que de lo que se trata es de permitir que ESTADOS UNIDOS pueda espiar TODAS las comunicaciones en México usando de títere a la PGR. NO ES COINCIDENCIA que recientemente se haya publicado una página de internet del gobierno americano el contrato para compra de equipo de espionaje especificamente para interceptar todas las comunicaciones en México (y grabarlas) para beneficio del gobierno americano.
Pero de eso siguen sin decir nada los del PRI, PRD, PT, Convergencia, etc. A ver hasta cuando se les ocurre.
Y mientras tanto el descontento por el fascismo panista sigue creciendo. Tanto en Chihuahua...
Cancelar demandas contra dirigentes, exigen campesinos
Chihuahua, Chih., 10 de marzo. Cuarenta organizaciones campesinas exigieron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) la cancelación de la demanda penal contra cinco dirigentes del Frente Democrático Campesino (FDC) y la liberación inmediata de Jesús Emiliano García, asesor de esa organización detenido el jueves, acusado del delito de sabotaje.
En una reunión con representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, las organizaciones aseguraron que García se convirtió en "preso político" porque de acuerdo con la forma en que fue manejada la demanda de la Sagarpa, se investigó, integró el expediente y se giró la orden de aprehensión en menos de 15 días, lo que exhibe una clara estrategia de intimidación hacia movimientos sociales.
"A cinco dirigentes del Frente Democrático se les está acusando de un delito grave, como sabotaje, y con ello eliminan toda posibilidad de liberarlo bajo fianza, cuando lo único que hemos hecho los productores en los pasados 15 años es manifestarnos cívicamente ante la gran insensibilidad que existe en el gobierno para atender los problemas del campo", señaló Carlos Durán, dirigente de la organización denominada Productores Unidos.
Gabino Gómez, de El Barzón, aseguró que la estrategia de la Sagarpa para acusar de sabotaje a toda la dirigencia del FDC, entre ellos el asesor Víctor Quintana, el tesorero Francisco Escalante, el coordinador general Rogelio Rueda y Javier Castillo, dirigente de los maiceros del municipio de Namiquipa, "es un asunto de carácter netamente político".
Aseguró que hace 15 días el FDC y autoridades de Desarrollo Rural del estado participaron en una mesa de negociación en la delegación de la Sagarpa, buscando apoyos emergentes para sembrar 250 mil hectáreas de maíz y frijol en la zona temporalera, mientras miembros de esa organización se manifestaron fuera de las oficinas.
Movilizaciones
"Como la secretaría en cuestión se negó a otorgar esos apoyos y tiene claro que los campesinos vamos a realizar movilizaciones a partir del lunes, aceleraron las órdenes de aprehensión", dijo el dirigente barzonista.
Jesús Emiliano García fue aprehendido el jueves por elementos de la Agencia Federal de Investigación, acusado del delito de sabotaje, fue internado en el penal estatal y presentado anoche al juzgado décimo de distrito, ante el cual se negó a rendir su declaración preparatoria por considerar que su detención no obedece a un proceso jurídico, sino a una persecución de tipo político.
Los agentes que llegaron a cumplir la orden de aprehensión entraron a las oficinas de la organización a la misma hora en que el presidente Felipe Calderón encabezaba un acto en el patio del palacio de gobierno, donde anunció apoyos para los jóvenes emprendedores del medio rural.
Como en Oaxaca...
Preventivos estatales dejan libre a maestra de la sección 22 detenida ilegalmente el viernes
Nueva marcha de la APPO para exigir la salida de Ulises Ruiz y libertad de presos
Integrantes de la APPO ingresaron ayer al centro histórico de Oaxaca y realizaron un mitin en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán Foto: Ezequiel LeyvaOaxaca, Oax., 10 de marzo. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se movilizó de nuevo para demandar la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y la libertad de todos los "presos políticos y de conciencia". Por segunda vez desde el 25 de noviembre ingresó al centro histórico de la ciudad y efectuó con un mitin en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán.
La marcha fue convocada la noche del viernes para demandar la presentación con vida de la profesora Yolanda Crucita Ramírez Ramírez, de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, detenida la tarde de ayer por policías locales.
La también integrante de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas Primero de Agosto se dirigía con dos compañeras al auditorio de la facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para participar en un foro con miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
Cerca de las cuatro de la madrugada fue liberada del cuartel general de la policía preventiva del estado, ubicado en el municipio conurbado de Santa María Coyotepec, adonde había sido llevada, sin cargo penal alguno.
"No había acusación ni algún parte de su detención, mucho menos alguna averiguación previa. Fue una detención totalmente ilegal y arbitraria", dijo Maricarmen Altamirano, quien acompañaba a la profesora al ser detenida.
La coordinadora de mujeres, dijo, presentó una denuncia penal por la detención ilegal de Ramírez Ramírez en la agencia del Ministerio Público del cuartel de la policía municipal, pero la titular Adriana Gazga Flores se negó en un principio a levantar el acta e incluso se opuso a que quedara asentado que el responsable de la detención era Ruiz Ortiz.
Ramírez Ramírez no acudió a la protesta por prescripción médica debido a que se agudizó la hipertensión arterial que padece por su arresto.
Durante el mitin, Altamirano leyó una carta de la profesora, quien escribió que su detención pone nuevamente "en evidencia la falta de libertades políticas y la violación constante de las garantías individuales del gobierno despótico de Ulises Ruiz".
Instó a los simpatizantes de la APPO a continuar la lucha "para que la verdad prevalezca" y "no permitir que haya más impunidad".
Florentino López Martínez, vocero del movimiento popular, ensalzó el ingreso de la manifestación al atrio del templo de Santo Domingo, porque "nuevamente se enarbola la bandera de la libertad", y advirtió que la APPO "responderá con manifestaciones y más movilizaciones" cuando la policía detenga a uno de sus compañeros.
En el atrio el movimiento popular y magisterial tenía instalado su campamento luego que el 29 de octubre pasado ingresó la policía federal preventiva. Ahí se mantuvo casi un mes, cuando sus simpatizantes se enfrentaron con los efectivos federales, lo que desencadenó una detención masiva, incluso de personas que no participaron en los hechos.
"¡No que no, sí que sí, ya llegamos hasta aquí!", corearon repetidamente los manifestantes para celebrar su ingreso al centro de la ciudad.
Y ahora Amnistía Internacional ya tomó el tema de la anciana violada por militares en Veracruz:
Autoridades militares controlan informes, pese a mostrar interés por cooperar, dice
Demanda AI investigación imparcial en caso de anciana asesinada en Veracruz
Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigieron por separado que la investigación sobre el caso de la anciana Ernestina Ascencio Rosario, quien falleció el pasado 26 de febrero tras ser víctima de una violación tumultuaria cometida por supuestos efectivos del Ejército, sea remitida a la justicia civil, pues en tribunales militares los responsables podrían enfrentar un juicio parcial.
AI advirtió que pese a que las autoridades militares han mostrado interés en cooperar con las investigaciones, éstas "parecen haber mantenido el control, socavando potencialmente su imparcialidad y su independencia".
En tanto, la OMCT pidió que las indagatorias sean realizadas por la delegación regional de la Procuraduría General de la República para garantizar la imparcialidad, y que se garantice la seguridad e integridad de los familiares de la víctima.
Presumen negligencia de Ssa y PGJ
Por su lado, familiares de la indígena y el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala consideraron que la Secretaría de Salud (Ssa) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz habrían incurrido en negligencia para tratar el caso.
Explicaron que personal del Hospital Regional de Río Blanco tardó más de una hora en auxiliar a la víctima. Además, se supo que el Ministerio Público, con sede en Ciudad Mendoza, omitió asentar en el acta de defunción que la mujer de 73 años, originaria del pueblo de Tetlatzinga, fue atacada sexualmente.
En el documento oficial sobre la defunción que publicó hoy el diario local El Mundo de Orizaba, tanto el nosocomio como el Ministerio Público sólo asentaron que la anciana pereció "por traumatismo craneoencefálico, fracturas y luxación de vértebras, y una anemia aguda".
En entrevista con el rotativo, el subprocurador regional de Justicia, Miguel Mina Rodríguez, señaló que "en el medicó sólo asentó lo que consideró la causa de la muerte, no el ilícito tipificado".
"Los (médicos) legistas no pueden decir que hubo violación, ¿qué tal si ella misma se introdujo algo y se lastimó, ¿dónde está la violación?", respondió. Sin embargo, agregó que hay un dictamen médico pericial de carácter ginecológico que concluye en que hubo penetración.
"Tal vez todos ya se pusieron de acuerdo para ocultar la verdad", manifestó a La Jornada Julio Inés Ascensión, hijo mayor de la agredida, quien por no saber leer ignoró el significado del texto emitido por la autoridad.
El hombre relató que alrededor de las 7 de la noche del domingo 25 de febrero, una de sus hermanas encontró a su madre tirada entre la maleza a unos 150 metros de su vivienda y desangrándose.
"La llevamos al centro de salud de Acultzinapa (poblado ubicado cerca de Tetlatzinga) y no había doctores, sólo le dieron una pastilla para el dolor", recordó.
Con un fuerte sangrado, Ernestina fue llevada al municipio vecino de Ciudad Mendoza, donde sus familiares intentaron ingresarla a un hospital particular, pero no fue recibida por su gravedad y fue remitida al Hospital Regional de Río Blanco.
En este nosocomio -que recibió el Premio Nacional de Calidad 2005-, personal médico se rehusó a ingresar a la anciana inmediatamente con el argumento de que sus familiares no llevaban documentos de identificación.
"No querían recibir a mi mamá y nos esperamos afuera. Se quejaba de fuertes dolores en el vientre y el sangrado no paraba", explicó Inés Ascensión.
Cerca de las 20 horas, la indígena fue ingresada al área de Urgencias, donde pereció a las 6 de la madrugada del siguiente día.
Es el colmo del cinismo. ¿Cómo CHINGADOS se atreven a sugerir que la anciana de 73 años "se introdujo algo"? Ya nadamás falta que digan que se auto-violó y que luego se auto-suicidó. ¿Y que el semen que le encontraron? Que cinismo he hipocresia del gobierno PRIANista.
Peor; dicen esto cuando a nivel internacional ha quedado claro que persiste la tortura en México:
El organismo aplaude la actitud oficial y pide reformas constitucionales para unificar criterios
Persiste tortura en México, admite el gobierno federal ante la CIDH
En reunión en Washington, ONG desmienten cifra de la SRE sobre abusadores castigados
Familiares del indígena Reyes Penagos Martínez lloran tras recibir disculpas del gobierno actual de Chiapas, por la tortura y desaparición de campesinos en 1995, cometidas por las autoridades estatales de entonces Foto: NotimexEl gobierno de Felipe Calderón reconoció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que la práctica de la tortura persiste en México, pese a los esfuerzos para la erradicación de ese delito considerado de lesa humanidad.
En el marco de la 127 sesión de ese organismo internacional, representantes del Estado mexicano -encabezados por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco-, y de organizaciones de la sociedad civil expusieron el tema de la tortura en el país.
En su turno, Omar García, representante de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció "que la práctica de la tortura sigue existiendo en nuestro país y, por supuesto, la PGR sigue combatiendo este grave flagelo. Si bien se han producido avances, estamos conscientes de que tenemos la obligación de redoblar los esfuerzos".
Ante estas afirmaciones, la organización hemisférica felicitó al Estado mexicano por reconocer que el fenómeno persiste, porque "dice mucho del compromiso del gobierno" para la prevención y eliminación de ese ilícito. Por ello, la CIDH solicitó que las autoridades nacionales le hagan llegar información sobre las políticas que se implementarán para la erradicación y prevención de la tortura, además de que se informe cómo se sancionará no sólo a los responsables materiales, sino intelectuales, en apego a los acuerdos internacionales para que esa práctica no quede impune.
El tema fue discutido el pasado martes en la sede del organismo internacional, en la capital estadunidense, durante un encuentro en que participaron, además de las autoridades mexicanas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción a los Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Universidad Iberoamericana. Dicha audiencia puede ser consultada en la página electrónica del organismo internacional.
La CIDH advirtió que la tortura es un tema "crucial y de estructural importancia" para la humanidad, por lo que los estados "son los principales obligados" para garantizar la protección de la vida digna, la integridad personal y libre de todo tipo de amenaza en materia de tortura.
Por ello exhortó al Estado mexicano a reformar la Constitución para unificar el tratamiento y la tipificación de la tortura conforme a los estándares internacionales; que se otorgue jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos; además, que se trabaje en al área de la prevención para la erradicación de ese delito de lesa humanidad.
El organismo señaló que dará seguimiento a los procesos de selección de personal policial, penitenciario y de cualquiera que por disposición de la ley tenga facultad para hacer uso de la fuerza y de las armas de fuego, además de que seguirá las reformas al sistema de justicia que el Presidente de la República envíe al Congreso.
Aplicación del Protocolo de Estambul
Omar García, de la PGR, aseguró que desde 2003, cuando la dependencia comenzó la aplicación del Protocolo de Estambul -mecanismo que proporciona pautas para hacer eficaz la investigación y documentación de casos de torturas y malos tratos-, a la fecha se han realizado 75 dictámenes, de los cuales en 25 casos se denunció a servidores de la dependencia; a 48 del fuero común, y a dos custodios de un centro federal de readaptación social.
Señaló que de estos datos se obtuvo que en 44 ocasiones no existieron lesiones en la detención previa, durante y después de la puesta a disposición ante las autoridades respectivas, ni se detectaron lesiones como medidas correctivas en personas sujetas a proceso, "lo que representa 58.7 por ciento de los 75 casos". En nueve ocasiones se encontró que hubo tortura y en 12 se determinó que hubo malos tratos físicos. En cinco de los nueve casos de tortura que están en trámite, tres fueron remitidos al fuero común por incompetencia y dos están consignados ante los jueces penales competentes.
Omar García subrayó que si bien en los códigos penales de las 32 entidades del país está tipificado el delito de tortura, "desafortunadamente no tenemos una unificación" en las leyes para armonizarlas con los acuerdos internacionales correspondientes, debido a que las sanciones al respecto varían de un estado a otro. Asimismo, reconoció que existe una laguna en la ley que tipifique el delito de malos tratos, aunque ese tipo de delitos se están investigando como lesiones.
Compromiso de la cancillería
Por su parte, Juan Manuel Gómez Robledo, de la cancillería, aseguró que existe "pleno compromiso" de la actual administración con el cumplimiento de los derechos humanos en el país, amén de que continuará la apertura al escrutinio internacional.
El funcionario expresó que en el marco de la Comisión de Política Gubernamental para los Derechos Humanos (en la que participan autoridades y organizaciones no gubernamentales) se enviarán dos iniciativas al Congreso de la Unión: una para modificar la ley sobre el debido proceso penal y otra para que se desarrolle una cooperación con el sistema interamericano de derechos humanos.
Señaló que entre 1994 y 2006, 74 personas han sido sentenciadas por el delito de tortura en 13 estados de la República. Contrario a ello, los representantes de la sociedad civil afirmaron que los sancionados por ese ilícito es un número menor al que aseguró el gobierno.
Guadalajara 2004 y Atenco 2006
Recordaron que en casos como el de Guadalajara, Jalisco, en 2004 (con la represión de altermundistas) y el de San Salvador Atenco, estado de México, en 2006 (con la arremetida contra militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra) diversos organismos tanto nacionales como internacionales acreditaron que las fuerzas policiacas cometieron tortura, hechos que a la fecha no han sido sancionados; e incluso en el primer caso el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña desestimó y rechazó las recomendaciones al respecto, y en el caso de Atenco la Secretaría de Seguridad Pública federal también rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los representantes civiles subrayaron que las leyes estatales no están armonizadas en cuanto a la prevención y sanción de la tortura. Explicaron que actualmente 23 regulaciones penales aún contemplan el elemento de gravedad en el daño o sufrimiento físico o síquico para determinar si se cometió tortura, mientras que seis no contemplan este elemento.
Por ello, propusieron 10 puntos para erradicar ese delito en el país, entre ellos: emprender una política criminal integral que se acerque a una justicia democrática y eficiente; que se dote a los jueces de poder real para su autonomía; que la prisión colectiva sea usada de manera racional, y que se garantice el principio de presunción de inocencia.
La CIDH aseguró que dará seguimiento a los compromisos que las autoridades del país establecieron durante la audiencia; e informó que en abril próximo una delegación de ese organismo visitará México para informarse de la situación de los derechos humanos.
Y el principal toturador del país, de pilón, es el que despacha en Bucareli. Sus iniciales son FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA.
Mientras todo esto pasa, nos encontramos con que los empresarios cada vez pagan MENOS impuestos. ¡Y todavía quieren que les bajen el ISR y que los pobres paguen más!
Trabajadores contribuyeron con el equivalente a 2.1% del PIB
Empresarios aportan cada vez menos al fisco por las ganancias obtenidas
Característica de un modelo que fortalece la concentración del ingreso, la estructura tributaria que prevalece en México ha provocado que los empresarios paguen cada vez menos impuestos por sus crecientes ganancias, mientras que los trabajadores, afectados por un proceso de precarización de sus condiciones laborales, mantienen constante su aportación al fisco.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que en 1992 el impuesto sobre la renta (ISR) a las ganancias empresariales representó un monto equivalente a 3.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). En ese mismo año, los asalariados del país contribuyeron al fisco federal con un ISR que representaba 2.1 por ciento del PIB.
A la vuelta de una década y media, mientras las ganancias empresariales han encontrado cada vez mayor espacio en la economía, el Fisco no recibe tales dividendos. Los datos de Hacienda revelan que en 2006 la recaudación del ISR aplicado a las empresas y personas físicas con actividad empresarial representó 2.8 por ciento del producto interno bruto, 3 décimas de punto menos que en 1992. Pero los trabajadores pagaron un ISR sobre sus salarios por un monto equivalente a 2.1 por ciento del PIB.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un documento fechado en enero pasado, planteó que el complicado sistema tributario mexicano, con múltiples regímenes especiales, exenciones y sistemas de consolidación abre espacios a la elusión y evasión fiscales a conglomerados que pueden pagar complejas ingenierías financieras para no cumplir con sus tributos. Es obvio, aunque no lo hace explícito el documento, quiénes pueden pagar esas complejas ingenierías financieras.
Según esa dependencia, las ventas que reportan las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores no corresponde con los impuestos que esas compañías pagan al fisco, el cual es claramente menor al que debiera ser de acuerdo con su facturación.
En México, la recaudación de impuestos equivale a 15 por ciento del PIB, descontados los ingresos petroleros. Es la proporción más baja entre los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese grupo de naciones el promedio es de 36 por ciento del PIB.
Según Hacienda, "la relativa baja recaudación tributaria es resultado, principalmente, de la complejidad y el elevado número de tratos diferenciados que favorecen la evasión y elusión fiscales y complican el cumplimiento de obligaciones y las labores de fiscalización. Se estima que para 2007 el costo de exenciones y estímulos fiscales, serán por el equivalente a 5.4 por ciento del PIB", unos 493 mil millones de pesos.
La menor recaudación de ISR a las ganancias empresariales contrasta con algunos datos: en los últimos cuatro años, la rentabilidad promedio en la Bolsa Mexicana de Valores ha sido de 20 por ciento sobre el capital invertido; los bancos que operan en México acumularon entre 2001 y 2006 ganancias por 162 mil millones de pesos, de las que 70 por ciento estuvieron concentradas en BBVA Bancomer, Banamex, Santander y HSBC. México se convirtió en una de las plazas más rentables para los grupos financieros. Y, como otra muestra, la semana pasada The Wall Street Journal publicó que la trasnacional del comercio al menudeo Wal-Mart había decidido concentrar sus esfuerzos de crecimiento en China, India y México, por el potencial de crecimiento de sus negocios en esos países, ante la lentitud de su crecimiento en Estados Unidos. Sólo que China tiene mil 500 millones de habitantes, India mil millones y México 105 millones.
OJO: Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes. Tiene practicamente 4 veces la población de México. ¿Por qué es "lento" el crecimiento de Wal-Mart en Estados Unidos? Pues por que la gente ya se dio cuenta de la clase de OJETES que son y los están REPUDIANDO a diestra y siniestra. Literalmente la gente se ha opuesto en diversas ciudades americanas a que se construyan Wal-Marts. Aparte de que se han denunciado una y otra vez las diversas atrocidades laborales que comete Wal-Mart (no dar descansos, no pagar horas extras, no dar seguros médicos, y de plano tener al estado subsidiando la salud de sus trabajadores). Pero además, Wal-Mart en México pagaría mucho menos por ISR (en Estados Unidos tiene que pagar 40%). Además paga 5 dólares AL DÍA a cada trabajador (cuando en Estados Unidos paga entre 6 y 7 dólares LA HORA) y los derechos laborales en paises como México son INEXISTENTES.
No les extrañe entonces que Wal-Mart haya sido una de las trasnacionales que apoyaron el FRAUDE ELECTORAL que permitió que se IMPUSIERA a un ESPURIO en la presidencia para que permitiera que pudieran seguir haciendo sus COCHINADAS.
Por esto y mucho mas es un honor estar con Obrador.
